El juez de control de General Pico, Alejandro Gilardenghi, condenó hoy a Joel Karim Bertaina a un año de prisión de cumplimiento efectivo, por ser autor del delito de hurto simple, le revocó la condicionalidad de una pena anterior y le unificó ambas en una pena única de tres años de prisión de cumplimiento efectivo. También condenó a Karen Mabel Miranda, como coautora de hurto simple, a seis meses de prisión efectivos.
El fallo fue dictado en el marco de un juicio abreviado, en el legajo 45.492, convenido entre la fiscala María Verónica Campo, los defensores oficiales Alejandro Piñeiro y Walter Vaccaro y ambos imputados, un carpintero de 24 años y una periodista de 26. Uno de los socios del instituto, al ser notificado del acuerdo, prestó conformidad.
Gilardenghi dio por probado que el 1 de diciembre pasado, a primera hora de la mañana, Bertaina ingresó a la Fundación e Instituto de Formación y Capacitación Docente e Isesemac, de General Pico, “con la llave verdadera, abrió las puertas principal y secundaria que estaban cerradas, desactivó la alarma con la clave verdadera, y sustrajo 1.372.000 pesos que estaban guardados en una caja de cartón”.
A su vez, a Miranda le imputó que facilitara al acusado “la llave verdadera y la clave de la arma” ya que se desempeñaba allí “como empleada administrativa desde hacía ocho años”.
Más allá del reconocimiento explícito de Bertaina y Miranda sobre la autoría del hecho, Gilardenghi señaló en el fallo que el Ministerio Público Fiscal recolectó material de cargo independiente.
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“La conclusión a la que arribó el M.P.F. fue el siguiente: sólo tres empleados poseían llave y conocían la clave de la alarma; todos empleados con antigüedad en la fundación y conocimientos de los movimientos internos y de la existencia de dinero. Esto derivó en la hipótesis lógica de que la persona que ingresó al lugar no solo tenía la llave y la clave de la alarma, sino que además conocía perfectamente en qué lugar estaba el dinero; ya que, como quedó registrado con las tomas fotográficas y el acta de constatación, en el lugar no había signos de búsqueda ni desorden, que permitiera pensar que hubo tareas de búsqueda al azar”.
“De las averiguaciones practicadas por el Ministerio Público Fiscal y personal policial, se solicitaron intervenciones telefónicas de las líneas de los empleados de la fundación, de donde surgió la relación de Miranda con Bertaina –acotó el magistrado–. Una relación extraña para los investigadores, ya que ambos se manejan en ambientes distintos, resultando Bertaina conocido por sus antecedentes de delitos contra la propiedad”.
“Miranda se comunicaba con Bertaina a través de dos líneas telefónicas. Así, se confirmó que tenían una relación y mantenían a diario diálogos telefónicos con escaso uso de palabras y frases específicas, haciendo referencia a un tema en particular que parecía ser de total conocimiento para ellos –afirmó–. Además llamó poderosamente la atención que la joven, desde el día del hecho, no tuvo movimientos con el teléfono celular, circunstancia no común en ella”.
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Pruebas
Por otro lado, Gilardenghi señaló que hubo dos testigos que “dieron cuenta que ambos imputados planearon el hecho”. Indicó que Miranda viajó un día a Santa Rosa con los propietarios del instituto y que la noche anterior le había entregado la llave y la clave de la alarma a Bertaina.
“Éste sustrajo el dinero, salió del lugar –al que había llegado caminando– y se fue. Resguardo el dinero y regresó al departamento de Miranda, donde durmió hasta que ella llegó de Santa Rosa. Cuando Miranda llegó a su domicilio, se entrevistó con Bertaina, éste le devolvió las llaves y ella se retiró hacia el instituto tras un llamado de una compañera, que le informaba que habían ingresado a robar en el lugar”, detalló el juez.
Las pruebas evaluadas, entre otras, fueron mensajes de Whatsapp entre los acusados, donde Miranda le reclamó más dinero a Bertaina, específicamente 200.000 pesos y éste último le responde que quedan solo 150.000. Bertaina dice que la plata está resguardada en la casa de una vecina y que ya le había entregado 70.000 pesos, sostuvo Gilardenghi en la sentencia.
Un testigo afirmó que Bertaina le dijo textualmente que él había sido el autor del hecho (“yo hice el robo del millón”), otro sostuvo que el imputado le confirmó que había realizado el plan acordado, y un tercero “resultó dirimente para resolver el caso” –según palabras del juez– porque supo del hurto de primera mano.
“Además, se puede destacar que luego de ocurrido el hecho, Bertaina comenzó a ostentar un gran poder adquisitivo. Por ejemplo, compró una moto Kawasaki, tipo enduro, en 2.500 dólares, ropas, calzados y demás lujos que escapan a su vida diaria. Le hizo regalos lujosos a su círculo íntimo y hasta saldó deudas de sus amigos en locales comerciales. En el caso de Mirada, de acuerdo a lo que surgió de la información telefónica, también habría saldado deudas”, concluyó Gilardenghi.
El 5 de agosto de 2016, en otro abreviado, la jueza de control piquense, María Jimena Cardoso, había condenado a Bertaina a dos años de prisión en suspenso, por hurto agravado por ser de mercaderías en tránsito, y abuso de armas.
La audiencia de formalización que se había realizado el 2 de febrero