La Justicia formalizó la investigación penal contra J. C. Acosta, un hombre acusado de haber intentado asesinar a su pareja y de amenazarla de muerte con un cuchillo en una vivienda de la ciudad de Santa Rosa. A pedido del Ministerio Público Fiscal, el imputado quedó detenido y se le dictó la prisión preventiva.
El violento episodio ocurrió el domingo 1 de noviembre. Frente a la gravedad de los acontecimientos, la causa recayó en la fiscal Micaela Succurro, de la I Circunscripción judicial, quien dispuso la aprehensión del sospechoso y encabezó la audiencia donde se confirmó la apertura formal de la Investigación Fiscal Preparatoria.
Grave calificación legal
El Ministerio Público Fiscal encuadró el caso bajo una rigurosa figura penal: homicidio doblemente calificado por la relación de pareja preexistente y por haber sido perpetrado por un hombre contra una mujer en un contexto de violencia de género, en grado de tentativa, en concurso real con amenazas calificadas por el empleo de un arma blanca.
El sustento jurídico responde a los artículos 80 (incisos 1 y 11), 42, 149 bis, 55 y 45 del Código Penal, aplicados en el marco de las directivas y garantías establecidas por la Ley Nacional 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Prisión preventiva y medidas de protección
Entre las decisiones adoptadas por el tribunal, se determinó la prisión preventiva de Acosta por un lapso de 60 días corridos. La resolución contempla que, antes de alcanzar la fecha límite fijada por la sede judicial, la medida de coerción sea revisada en una nueva audiencia.
Desde la Fiscalía remarcaron que el propósito de sostener el encierro preventivo es profundizar en la recolección de pruebas y avanzar hacia el correspondiente pedido de prórroga, buscando que la víctima llegue plenamente resguardada y contenida a la instancia de juicio.
Asimismo, se estableció de manera taxativa la prohibición de acercamiento y de todo tipo de contacto o comunicación por parte del acusado hacia la denunciante, ya sea mediante llamadas telefónicas, mensajes por redes sociales o por medio de terceras personas.
En el marco de las diligencias iniciales de la causa, se concretó un allanamiento en el inmueble donde se registraron los hechos y se procedió al secuestro de un teléfono celular Motorola perteneciente al imputado, el cual será sometido a peritajes técnicos mientras continúa la investigación a cargo de la fiscal Succurro.
