Una mujer logró recuperar su identidad a los 54 años tras descubrir que había sido inscripta con padres falsos. La Cámara de Apelaciones de Santa Rosa falló a su favor y ordenó que sus padres biológicos, quienes después de abandonarla se casaron y formaron otra familia, asuman la totalidad de las costas judiciales por su accionar deliberado.
Una dramática historia de secretos familiares y negación de la identidad tuvo su desenlace en los tribunales de Santa Rosa, La Pampa. La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería resolvió un insólito caso de filiación obligando a los progenitores biológicos de una mujer a hacerse cargo del 100% de los gastos procesales, revirtiendo así un fallo de primera instancia que había dividido las costas.
La demandante, identificada como C., creció creyendo ser hija de la pareja que la anotó al nacer. Sin embargo, las dudas sobre sus orígenes la llevaron a iniciar una ardua búsqueda de su verdad biológica que culminó a sus 54 años con una prueba de ADN. Los resultados fueron contundentes: sus verdaderos padres eran J. y S.
Lo que agrava la historia y motivó el duro reproche del tribunal es lo que ocurrió poco después de su nacimiento. Mientras C. crecía privada de su verdadera identidad, sus padres biológicos —que tenían 25 y 20 años cuando ella nació— decidieron contraer matrimonio tan solo dos años después. Juntos construyeron una vida en común y tuvieron tres hijos más, pero jamás intentaron reparar la omisión ni revelarle a su primogénita quiénes eran realmente.
En primera instancia, la jueza interviniente reconoció la filiación, pero impuso los gastos del juicio “por su orden” (cada parte paga a sus abogados). Indignada por esta decisión, la mujer apeló argumentando que ella se vio forzada a iniciar el litigio por el ocultamiento doloso de quienes debieron protegerla.
Las juezas de Cámara María Anahí Brarda y Adriana I. Cuarzo le dieron la razón de manera unánime. En los fundamentos, la jueza Brarda señaló que los demandados priorizaron sus intereses por encima de los de su hija y desestimó que “costumbres de la época” pudieran justificar la privación del derecho humano a la identidad.
“Imponer las costas por su orden implicaría continuar responsabilizando a C. por hechos en los que no pudo decidir y que la condujeron a la judicialización para poder, finalmente, poner nombre y apellido a su identidad, sus orígenes y su realidad filiatoria, la que era una verdad conocida para los demandados”, sentenció el tribunal. De esta manera, los padres biológicos deberán ahora afrontar la totalidad de los honorarios y gastos derivados de más de medio siglo de silencio.
