La Justicia pampeana revocó el beneficio del arresto domiciliario para uno de los implicados en el millonario hurto ocurrido a fines de junio en nuestra ciudad. Las cámaras de seguridad, el descarte de prendas y un insólito llamado telefónico que dejó en evidencia, según entiende la justicia, el intento de entorpecer la causa fueron las claves para que ambos acusados queden tras las rejas de una dependencia policial.
El Tribunal de Impugnación Penal, a cargo del juez Mauricio Piombi, emitió el jueves 6 de agosto un contundente fallo que endurece la situación procesal de Gonzalo Martín Torres y Claudio Agustín Arhex, imputados junto a Mauricio Iván Bajo por el resonante robo de 250.000 dólares en una vivienda de calle 7 al 300 de General Pico.
A partir de la minuciosa reconstrucción realizada por el Ministerio Público Fiscal y la Brigada de Investigaciones de la UR-II, los investigadores lograron trazar un detallado mapa de los movimientos de la banda, exponiendo el presunto plan criminal previamente concertado y una clara división de roles.
El minuto a minuto del golpe: escalamiento y botín
El hecho ocurrió el martes 30 de junio de 2026. Según consta en el legajo judicial, el primer intento de ingreso se registró a las 15:31 horas. Según la fiscalía Mauricio Iván Bajo llegó a las inmediaciones de la vivienda del damnificado, Ariel Prada, a bordo de una bicicleta tipo mountain bike color flúor. Vestía prendas oscuras, zapatillas blancas, una cuellera negra y una gorra con la inscripción “LA”. Su objetivo inicial era simple: buscar una llave oculta en una maceta del patio delantero. Al no encontrarla, se retiró del lugar.
Sin embargo, el plan no se detuvo. A las 16:12 horas, y siempre según la fiscalía, Bajo regresó, esta vez a pie. Había sido “fondeado” en las cercanías por un Ford Focus, conducido aparentemente por Arhex, quien iba acompañado por quien entienden que es Torres.
Para lograr su cometido, Bajo ingresó por una propiedad lindante y trepó un tapial medianero de dos metros de altura, rematado con alambres de púas. Una vez en el patio de la víctima, accedió a la habitación principal a través de una puerta balcón que no tenía medidas de seguridad. Utilizando una silla, alcanzó la parte superior de un ropero, de donde sustrajo una carpeta de cartón con 200.000 dólares, y sumó otros 50.000 dólares que estaban escondidos entre libros.
Mientras el autor material perpetraba el “escruche”, el Ford Focus con Arhex y Torres no dejaba de dar vueltas por el barrio. Las cámaras captaron sus maniobras de vigilancia, cobertura y apoyo logístico, garantizando el éxito del ilícito. A las 16:17, Bajo salió con el botín en una bolsa, subió al vehículo de sus cómplices y emprendieron la fuga.
Descarte de pruebas y cambio de vehículos
El seguimiento de las cámaras de seguridad de la ciudad permitió a la fiscalía rastrear la ruta de escape. A las 16:24, el Focus llegó a la vivienda de Torres, en calle 10 al 700 Norte. De allí bajaron Torres y el autor material, mientras que Arhex continuó su camino hacia su propio domicilio en calle 403.
El paso por la casa de la calle 10 fue fugaz pero fundamental para la pesquisa. Bajo permaneció en el interior apenas nueve minutos, tiempo suficiente para cambiarse de ropa y descartar la indumentaria que lo incriminaba. A las 16:33, ambos salieron de la vivienda y abordaron un Fiat, propiedad de la pareja de Torres, para trasladar a Bajo hasta su casa en la calle 113 bis.
Cabe destacar que las imágenes de este último movimiento no fueron aportadas voluntariamente por Torres, sino por un inquilino del local comercial donde estaba instalada la cámara, un dato que la Justicia valoró para desestimar la supuesta actitud colaborativa de la defensa.
Viaje a Europa y una llamada clave en pleno allanamiento
Lejos de mantener un perfil bajo, al día siguiente del robo, Torres y Arhex abandonaron el país rumbo a Europa. Si bien las defensas argumentaron que se trataba de un viaje programado con anterioridad, para los investigadores resultó sumamente llamativo. Durante esos días, el Ford Focus utilizado en el hecho permaneció oculto, lo que sumó sospechas sobre el entorpecimiento de la causa.
Pero el detalle que terminó de sellar la suerte de los imputados ocurrió a su regreso a General Pico. Durante los allanamientos simultáneos dictados por la Justicia, el personal policial revisaba la vivienda de Torres cuando halló un teléfono celular escondido debajo de una cama. En ese preciso instante, el aparato comenzó a sonar: era una llamada entrante de Arhex, quien a su vez estaba siendo allanado por los efectivos policiales en su domicilio.
Este episodio destruyó el argumento defensivo que pregonaba la total predisposición de los acusados para colaborar con la Justicia.
Adentro hasta septiembre
En una primera instancia, el Juez de Control Alejandro Gilardengui había dictado prisión preventiva efectiva para Torres (debido a que cuenta con un antecedente de tres años de prisión efectiva) y arresto domiciliario con tobillera electrónica para Arhex, por carecer de antecedentes penales.
Tanto la Querella (representada por el Dr. Jerónimo Altamirano) como el Ministerio Público Fiscal impugnaron el beneficio otorgado a Arhex. Argumentaron que los 250.000 dólares aún no aparecieron, al igual que la bicicleta y la ropa de Bajo, y que el riesgo de que los imputados se comuniquen para obstaculizar la investigación o amedrentar a testigos es altísimo.
El juez Mauricio Piombi les dio la razón. En su fallo de este jueves, consideró que “el arresto domiciliario no brinda garantía suficiente de que Arhex no intente ocultar prueba tendiente a determinar el destino de lo sustraído”. Además, destacó que la solvencia económica de los imputados es un facilitador evidente para el peligro de fuga.
Por lo tanto, la resolución ordenó revocar el arresto domiciliario de Claudio Agustín Arhex, solicitando al CECOM la inmediata quita de la tobillera electrónica para su traslado a los calabozos de una dependencia policial de nuestra ciudad. Allí compartirá la misma suerte que Gonzalo Martín Torres: ambos permanecerán bajo prisión preventiva efectiva, al menos, hasta el domingo 27 de septiembre a las 13:00 horas, mientras la Justicia avanza con el análisis de los teléfonos secuestrados y los cruces de ADN.
