La jueza Ana Ruffini dispuso un mes de prisión preventiva para dos mujeres y arresto domiciliario para una tercera en el marco de la causa por encubrimiento de una estafa que superó los 16 millones de pesos. El fiscal Matías Juan dialogó con INFOPICO.COM y detalló cómo operaba la red delictiva desde una cárcel en la provincia de Mendoza.
En una reciente audiencia judicial, la jueza Ana Ruffini dictó un mes de prisión preventiva para dos mujeres implicadas en el encubrimiento de una severa extorsión virtual. Además, dispuso un mes de arresto domiciliario para una tercera acusada, por tratarse de una adulta mayor de 70 años. Las medidas fueron adoptadas tras la solicitud del fiscal Matías Juan, quien originalmente había pedido tres meses de prisión preventiva para las involucradas. La calificación legal que recae sobre ellas es la de “encubrimiento doblemente agravado” y “encubrimiento de extorsión”.
Este avance judicial se enmarca en una compleja investigación por un hecho delictivo que tuvo como damnificado a un vecino de General Pico, mayor de 60 años. Según precisó el fiscal la víctima perdió una suma superior a los 16 millones de pesos luego de ser blanco de una elaborada trampa virtual que tuvo su origen en el mes de enero a través de la red social Facebook.
El inicio del engaño y la extorsión psicológica
Todo comenzó cuando el vecino piquense contactó a una mujer a través de internet y, creyendo que se trataba de una persona mayor de edad, intercambió mensajes de índole sexual y fotografías. Poco después, la situación dio un giro extorsivo.
“Le empezaron a escribir primero por Facebook, después por WhatsApp, personas desconocidas que decían ser los padres de la chica”, relató el fiscal Matías Juan. Los delincuentes le hicieron creer que la joven en realidad era menor de edad, que padecía una discapacidad y que él estaba cometiendo el delito de grooming. A partir de allí, comenzó el hostigamiento: lo amenazaron con exponer la situación ante su familia y llevarlo a prisión. Para agravar la presión psicológica, llegaron al extremo de decirle que la supuesta menor se había quitado la vida a raíz de las imágenes enviadas.
Documentación apócrifa y transferencias millonarias
Para quebrar la voluntad del hombre y darle credibilidad al chantaje, los estafadores le enviaron documentos falsificados que simulaban ser oficios del Poder Judicial de la provincia de Mendoza. “Tienen los logotipos y los sellos, pero donde lo empezás a leer tiene errores de ortografía, mezclan cuestiones civiles con penales y ponen el sello del Ministerio de Justicia cuando es de otro poder”, explicó el funcionario judicial.
El engaño incluyó la llamada de un integrante de la banda que se hizo pasar por un defensor oficial, advirtiéndole que si no pagaba de inmediato, la supuesta fiscal a cargo ordenaría su detención. Aterrado por la situación, el vecino comenzó a enviar el dinero exigido. “En cuestión de una semana transfirió a cuatro cuentas distintas, que son de mujeres domiciliadas en Mendoza, superando los 16 millones de pesos”, confirmó el fiscal. Finalmente, exhausto de las demandas económicas y sospechando de la maniobra, la víctima decidió radicar la denuncia.
La ruta del dinero y las conexiones carcelarias
El trabajo conjunto de la Fiscalía local y la Brigada de Investigaciones permitió rastrear el destino de los fondos hasta la localidad mendocina de Las Heras. Se comprobó que las cuatro titulares de las cuentas receptoras residen allí y tienen vínculos directos entre sí. “Hay vínculo entre ellas, tres tienen el mismo domicilio, serían primas y parejas de presos”, detalló el fiscal.
La hipótesis principal sobre la que trabaja la Justicia sostiene que los autores intelectuales y materiales de la extorsión son reclusos alojados en una penitenciaría de la capital mendocina. Las mujeres, hoy imputadas y con medidas de coerción dictadas por la jueza Ruffini, cumplen el rol de encubridoras al facilitar el andamiaje financiero. “A medida que reciben el dinero, lo van pasando a segundas, terceras o cuartas cuentas y el dinero se pierde”, concluyó Matías Juan, alertando a la comunidad sobre la peligrosidad y frecuencia de estas modalidades delictivas.
