La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) dio un paso clave en el reclamo iniciado por la provincia de La Pampa contra el Estado Nacional por el desfinanciamiento del sistema previsional. El máximo tribunal aceptó su competencia originaria en la causa y convocó a las partes a una audiencia para el próximo martes.
En una resolución fechada este 28 de octubre de 2025, en la causa “CSJ 596/2024 – La Pampa, Provincia de c/ Estado Nacional y otro s/ cobro de pesos e inconstitucionalidad”, la Corte resolvió convocar a una audiencia que se realizará en la Secretaría de Juicios Originarios el próximo 5 de noviembre de 2025 a las 11 horas.
El gobernador Sergio Ziliotto confirmó la noticia a través de sus redes sociales, calificándola como “un paso más, fruto de nuestro compromiso con las y los pampeanos”.
“Hemos sido convocados por la Corte Suprema de Justicia a una audiencia con el Estado Nacional, en relación a nuestra demanda por el desfinanciamiento de nuestro sistema previsional”, expresó el mandatario.
En su publicación, Ziliotto reafirmó la postura de la provincia: “Insistiremos en la legalidad de nuestro reclamo y la necesidad urgente de recuperar recursos que nos pertenecen y que el Gobierno Nacional nos niega. Una vez más, vamos a defender La Pampa. Por historia y por mandato popular”.
La resolución de la Corte
El documento de la CSJN establece tres puntos resolutivos clave:
- Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema (conforme al artículo 117 de la Constitución Nacional, que dirime conflictos entre una provincia y el Estado Nacional).
- Correr traslado (notificar formalmente) de la demanda interpuesta contra el Estado Nacional, que se sustanciará por la vía del proceso ordinario.
- Convocar a la audiencia mencionada para el 5 de noviembre.
El reclamo pampeano se centra en el corte total de los aportes que el Gobierno Nacional debe realizar para financiar el déficit del Instituto de Seguridad Social (ISS), una obligación estipulada en el Pacto Fiscal de 1999 y la Ley 27.260. La Pampa ha sostenido que la interrupción de estos pagos desde diciembre de 2023 es ilegal y ha obligado a la provincia a cubrir dichos fondos con recursos propios.
