El Poder Ejecutivo Provincial comunicó que, en la liquidación del mes de enero, los salarios de las y los empleados estatales se actualizarán en un 4,86% mediante la cláusula gatillo correspondiente a 2024. Además, se duplicarán las asignaciones familiares como parte de la bonificación anual, tal como lo establece la legislación vigente. Con este nuevo ajuste, los incrementos durante el año 2024 ascienden al 114,34%, mientras que el mínimo garantizado subió un 182,98% y las asignaciones familiares acumularon un 245%.
Sin embargo, existe un punto clave que genera el malestar de la Mesa Intersindical: el salario mínimo garantizado de 800 mil pesos -establecido por Decreto y vigente desde octubre de 2024- absorbe este nuevo aumento para quienes no superan ese piso. Así lo explicó Julio Acosta, integrante de la Intersindical, en diálogo reciente. Según estimaciones gremiales, alrededor de 17 mil agentes estatales perciben este ítem de “Garantía” y, por lo tanto, no verán el incremento del 4,8% en sus haberes. En cambio, unas 8 mil personas -cuya remuneración va por encima de ese piso- sí lo recibirán.
“En el mes de octubre conseguimos el tema de los 800.000 pesos y nosotros pedíamos que no fuera a cuenta de futuros aumentos”, expresó Acosta. Sin embargo, el Gobierno provincial aplicó la suba como parte de la pauta salarial, y los gremios nucleados en la Intersindical no firmaron el acuerdo por esta diferencia. “Ahora los compañeros están enojados, porque siguen cobrando lo mismo desde hace tres meses. En términos reales, se congeló el sueldo”, advirtió.
En ese marco, Acosta adelantó que en febrero se retomarán las conversaciones con el Ejecutivo para encontrar una salida a la situación de los 16 o 17 mil trabajadores que no reciben efectivamente las actualizaciones en sus bolsillos. “Esperemos que llegue un acuerdo para que se pueda mover el salario de esos 16.000 trabajadores que están cobrando lo mismo desde hace varios meses”, señaló, agregando que la primera reunión con representantes del gobierno tendrá lugar durante las primeras semanas del mes próximo.
De esta manera, mientras el Gobierno exhibe porcentajes de incrementos acumulados y el pago de asignaciones familiares duplicadas, la realidad para una franja mayoritaria del personal estatal sigue siendo la misma: el piso de 800 mil pesos opera como tope para los ajustes mensuales y genera un “congelamiento” en los montos netos que perciben, según denunció la Mesa Intersindical. El desenlace de esta polémica quedará supeditado al nuevo encuentro pautado para febrero, del que surgirá, o no, la revisión de esta modalidad salarial que hoy tiene enfrentados a funcionarios y sindicatos.