Un hackeo masivo afectó las cuentas del municipio de Colonia Barón, como informó Infopico, resultando en la transferencia de una suma millonaria a cuentas de otras provincias. El fiscal a cargo de la investigación, Matías Juan, dio detalles del caso, que se encuentra en pleno proceso de recolección de información y rastreo de los fondos desviados.
“Tenemos identificadas a tres personas, titulares de las cuentas donde fue el dinero de la estafa,” explicó Juan, aclarando que, aunque se conocen sus identidades, aún no se ha determinado si estas personas están implicadas directamente en el hackeo o si sus cuentas fueron utilizadas como “cuentas puente”, una modalidad común en la que se emplean cuentas de terceros sin su conocimiento para recibir dinero ilícito. “Esto ha pasado en otros casos, y luego estas personas ni siquiera se enteran de que han recibido dinero hasta que la justicia las contacta,” señaló el fiscal.
La situación fue detectada recientemente por la tesorera del municipio de Colonia Barón, quien, al revisar las cuentas institucionales, notó cuatro transferencias a tres cuentas diferentes, todas realizadas desde el 25 de octubre. Juan confirmó que, tras el descubrimiento, se han iniciado gestiones para bloquear las cuentas involucradas a través del Banco Central, con el objetivo de retener los fondos en la medida de lo posible. “Es difícil,” admitió, “porque generalmente el estafador lo hace rápido, transfiere el dinero a otras cuentas y se va diluyendo.”
Sobre el método utilizado para el hackeo, el fiscal explicó que todavía es objeto de investigación. Una posible hipótesis es que los atacantes hayan accedido al sistema a través de un “mail malicioso” que les habría permitido ingresar a la cuenta de e-banking del municipio. “Es una posibilidad que estemos frente a un link o correo sospechoso que alguien en el municipio pudo haber activado sin saberlo,” dijo Juan, y agregó que el área de comunicaciones y la brigada investigan el origen del ataque.
Las diligencias en curso incluyen la solicitud de datos a las entidades financieras involucradas, en busca de información sobre los movimientos y el posible destino final de los fondos. “Oficiamos a los bancos que tienen las cuentas de las personas sospechosas para que nos informen si el dinero quedó retenido o fue enviado a otras cuentas,” detalló el fiscal, refiriéndose a estas entidades como “la prueba informativa bancaria” que ayuda a rastrear el flujo del dinero.
El fiscal también comentó las dificultades que enfrenta la justicia al solicitar información a entidades financieras y billeteras virtuales. Mientras que algunos bancos, como el Banco de la Pampa, responden en un plazo de dos o tres días, otros, como Mercado Pago, pueden ser mucho más lentos. “A veces tenemos que reiterar los pedidos o incluso intimarlos a través del Banco Central para que respondan, porque se tardan mucho,” señaló. La cooperación rápida es esencial, explicó, ya que “cuanto más rápido nos aportan la información, nosotros podemos trabajar también más rápidamente.”
