El Poder Ejecutivo de la provincia activa la cláusula gatillo ante el aumento de inflación, buscando mantener el poder adquisitivo de trabajadores y jubilados estatales, con un costo anual proyectado de 28.500 millones.
Ante un escenario de escalada inflacionaria que ha suscitado profundas preocupaciones en la población, se ha instaurado un significativo ajuste salarial para los trabajadores públicos provinciales. Tras registrarse una inflación del 12,7% en septiembre, acumulando un impactante 138,3% en los últimos doce meses según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), el Poder Ejecutivo provincial tomó medidas.
Con la visión de mitigar el impacto del incremento de precios, que en los primeros nueve meses del año trepó hasta el 103,2%, la cláusula gatillo fue activada, efectuando un aumento salarial del 13,1%. Este porcentaje refleja el aumento de la canasta familiar que el Indec midió en la región Pampeana, donde se sitúa La Pampa. El costo anual proyectado para este incremento se eleva a 28.500 millones, un gasto que se considera necesario para preservar el poder adquisitivo de los trabajadores y jubilados estatales.
El decreto, instrumentado por el gobernador Sergio Ziliotto, implica que el salario mínimo garantizado de un empleado público se establecerá en $ 260.562, mientras que el de un docente alcanzará los $ 289.262. La medida comprende a empleados provinciales de todos los convenios, así como también a pensionados, personal convocado del Ministerio de Seguridad, médicos residentes y pasantes.
A su vez, la cláusula gatillo será adherida por las intendencias, una práctica común en estos procedimientos, garantizando así un abordaje uniforme en toda la provincia. La prioridad, en este contexto económico, es tratar de paliar las consecuencias de un proceso inflacionario que afecta de lleno al bolsillo de los ciudadanos y ciudadanas.
