El Gobierno provincial y los gremios que integran la Mesa Intersindical lograron un acuerdo paritario este lunes para el trimestre julio-septiembre, replicando los términos que se habían convenido con el sector docente el pasado viernes. El acuerdo se alcanzó tras un cuarto intermedio y completa la negociación salarial con todos los sectores de trabajadores estatales.
El esquema de aumentos establece para agosto un incremento del 3% sobre las escalas salariales de julio. Para septiembre, se activará la cláusula gatillo, que actualizará los sueldos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Región Pampeana que informe el INDEC correspondiente al mes de agosto.
Posteriormente, en octubre y una vez que se conozca el IPC de septiembre, se aplicará un ajuste para asegurar que los salarios acumulados al 30 de septiembre superen en tres puntos porcentuales a la inflación registrada entre enero y septiembre de 2026. De esta forma, se busca que los ingresos de los empleados públicos continúen por encima de la evolución de los precios.
Con la suba de agosto, el aumento salarial acumulado en 2026 alcanzará el 22,54%, mientras que la inflación acumulada para la Región Pampeana es del 18,97%. Esto representa una diferencia a favor de los salarios de 3,57 puntos porcentuales. El Mínimo Garantizado, por su parte, llegará a $1.318.988, acumulando una suba del 32% en lo que va del año.
Durante la reunión, la Mesa Intersindical planteó la necesidad de que el ingreso de un agente con grupo familiar a cargo alcance los $1.850.000 al finalizar el período del acuerdo. El Poder Ejecutivo se comprometió a analizar el pedido dentro de las posibilidades financieras de la Provincia y ratificó que ningún agente, individualmente o con su grupo familiar, percibirá ingresos inferiores a la Canasta Básica Total que establece el INDEC.
Desde el Gobierno se destacó que el acuerdo se enmarca en una política de administración financiera responsable en un contexto económico nacional complejo, sosteniendo las paritarias como el ámbito de negociación para proteger los ingresos de las y los trabajadores estatales.
