En los últimos días, el procurador General formuló la acusación contra la jueza de Familia, Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de menores, Elisa Catán. Además, suspendieron preventivamente a ambas funcionarias de sus cargos. Sobre la determinación del procurador y la continuación de la causa, en InfoPico Radio 99.9 dialogamos con el abogado defensor de Pérez Ballester, Pablo Rodríguez Salto.
“No estoy sorprendido porque era una de las opciones, pero emocionalmente triste porque creo que los elementos con los que se cuentan dan para tomar una decisión drástica, pero correcta: no para hacer una acusación”, resaltó el abogado y agregó que “ahora nos abocaremos a contestar el escrito que el procurador puntualiza las omisiones que les imputa a las funcionarias judiciales, luego se ofrecerán las pruebas y eventualmente se llegará al debate”.
El letrado aclaró, sobre la suspensión preventiva, que “la ley establece, casi de manera obligatoria, que ante la formación de un caso, automáticamente se suspende en forma preventiva a los funcionarios judiciales investigados”.
“Desde un primer momento considero que este proceso avanza por la presión social: cualquier persona que lee o se informa sobre lo que pasó, sabe que a las funcionarias no se les puede imputar nada. De hecho, en la acusación que hace el procurador, queda en claro que no se les imputa ningún tipo de responsabilidad por lo que ocurrió un año después; lo único que se valora es como se llevaron adelante los expedientes judiciales, pero no con el resultado fatal del niño: esto lo aclaro, porque parte de la familia paterna de Lucio, en medios de comunicación incluso nacionales, viene afirmando a ¨boca de jarro¨ que la jueza es una asesina y otras acusaciones, que son imputaciones descabelladas, irrazonables y constituyen un delito“.
Sobre las pruebas de Bongianino, Rodríguez Salto explicó que “el procurador toma los elementos que hay en el caso, que son las denuncias y los expedientes judiciales. Puntualiza los puntos que los denunciantes habían dicho en su momento; básicamente tiene que ver con el tema de oír o no al niño en los expedientes de tutela y cuidado personal, la participación que debió tener o no el padre de Lucio en los procedimientos, si debían o no realizar un estudio socio ambiental en el caso del cuidado personal y si avisaron o no a la Unidad Local de Niñez sobre la situación en la que se encontraba el niño”.
“Esto tiene que ver con como uno interpreta las normas que prevén la participación del menor en el proceso: la norma dice que el niño tiene derecho a ser oído, pero hay una distancia enorme entre eso y afirmar que no se puede tomar ninguna decisión sin antes haber oído al menor, teniendo en cuenta el contexto de pandemia que se estaba viviendo y aun en el caso de una omisión, sería una cuestión pequeña que, a lo sumo, daría lugar a una apelación y no un mal desempeño” y sostuvo que “en la acusación no se dice que hubiera violencia detectable”.
“¿Por qué estamos llevando a debate esto?”, se preguntó el abogado y volvió a responder que “al inicio por presión de la sociedad, pero afortunadamente, a medida que se fueron conociendo los detalles del trabajo de las funcionarias, mermó mucho; pero si creo que hubo un contexto proselitista”.
Con respecto a la estrategia del abogado al defender a la jueza, “sigue siendo la misma que desde el primer momento: decir la verdad de lo que sucedió; que no se hicieron cosas mal porque la ley no obligaba hacer cosas en particular; que no había un contexto de violencia que se pudiera detectar y que lo que le están achacando a las funcionarias judiciales es una mera disconformidad con la interpretación que hicieron del derecho en un proceso. A nivel institucional es muy grave porque los jueces no van a querer tomar decisiones por miedo a los juicios por mal desempeño: es un desquicio y un disparate hacer un jury a las funcionarias”.
“No se puede juzgar a un funcionario por un solo caso, porque en la ley está previsto que sea por reiterados casos”, aseguró. “Cuando el bloque de diputados del justicialismo hace la denuncia, se da cuenta de esta situación, pero ellos dicen que como ¨hubo clamor popular¨, hay que dejar de lado el requisito”.
“Las sentencias penales le dicen claramente a la sociedad que lo que sucedió era ocultado expresamente, por parte de las perpetradoras del homicidio, para que nadie se enterara. Hicieron todo lo necesario para que nadie de afuera lo pudiera detectar”, subrayó y agregó que “ahora la Fiscalía de Investigaciones Administrativas recomienda sumariar a gente que no vio lo que estaba oculto: estamos llegando a un nivel de querer encontrar responsables en cualquier conducta”.
