Se conformó un Plenario de comisiones de Legislación Social, Hacienda y Presupuesto y Legislación General, con la presencia del director de Discapacidad de la provincia, Iván Poggio, para tratar el proyecto de Alicia Mayoral y Valeria Luján por el que se establece un Sistema de Protección Integral de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Poggio explicó el espíritu general de la presente iniciativa. “Las Naciones Unidad realizó una Convención por los Derechos de la Discapacidad, la cual determinó un modelo social del abordaje a la discapacidad. En este sentido, nos obliga a revisar y modificar nuestra normativa, con el fin de sacar la mirada de protección y poner el foco en los derechos humanos. Las barreras no están en las personas sino en el entorno, y eso es parte del espíritu de esta ley”, expresó el funcionario ante las y los diputados.
Sandra Fonseca opinó que la iniciativa tiene mucho marco teórico y poca operatividad y lo ejemplificó con el proceso educativo de las personas con discapacidad, puntualmente con individuos con síndrome de down.
“La Pampa es avanzada por lejos al resto de la provincias en materia de educación inclusiva. En la provincia se ha dicho basta de escuelas especiales y vamos hacia una educación inclusiva. Pero es un tema del que tiene que profundizar el área de Educación”, contestó Poggio.
Mauricio Agón cuestionó la nula formación docente en cuanto al nuevo paradigma de las políticas destinadas a personas con discapacidad, y dijo que hay familias que “extrañan el viejo sistema” por una desidia en la gestión.
Por su parte, Andrea Valderrama consultó si se debería derogarse la ley 2226 (Protección Integral para personas con discapacidad), o armonizar con la Convención y establecer algunos cambios. “Nos parece que hay cuestiones técnicas que no deberían modificarse, pero sí el cambio del espíritu y del paradigma”, respondió el funcionario.
Laura Trapaglia sugirió que Discapacidad articule con Deportes, Educación y Trabajo y preguntó si el proyecto fue consultado con otras organizaciones, profesionales y docentes. “Vivimos trabajando con las áreas anteriormente mencionadas, porque la discapacidad es trasversal”, contestó Poggio.
La iniciativa se basa en un sistema de protección que contiene el respeto a la dignidad, a la autonomía y su vida independiente, la no discriminación, la participación plena en la sociedad, la igualdad de oportunidades, de género y el respeto a la diversidad sexual, la integridad y equidad en la cobertura estatal de bienes y programas dirigidos a atender las necesidades de las personas con discapacidad.
Incluye a aquellas personas con deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Según los últimos datos, hay en La Pampa 9.350 individuos con Certificado de Discapacidad vigente. En este sentido, el proyecto señala que “las políticas públicas deben ser especialmente sensibles a las condiciones personales de cada comprovinciano, ya que las personas con discapacidad tienen más probabilidades de sufrir resultados socioeconómicos adversos, menos educación, salud, trabajo y, en consecuencia, mayor pobreza”.
“La legislación por sí sola –se desarrolla en la fundamentación- no garantiza que las personas con discapacidad puedan gozar de sus derechos humanos, pero sin dudas es una herramienta fundamental y necesaria para que las políticas de inclusión tengan un efecto real en la vida de las personas con discapacidad”.
Por último, se advierte que se debe “empezar a construir sociedades accesibles, que sean auténticamente integradoras, sociedades que valoren la diferencia y respeten la dignidad, la igualdad de todos los seres humanos con independencia de sus diferencias y discapacidades”.
