Hace unos días, la candidata a vicepresidenta de la Libertad Avanza, Victoria Villarruel, realizó un acto en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires, según ella misma lo calificó como “homenaje a las víctimas del terrorismo” de ERP y Montoneros. Diferentes organizaciones de derechos humanos del país repudiaron ese acto.
En InfoPico Radio 99.9, dialogamos con el Delegado nacional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en La Pampa, Franco Catalani que calificó el hecho como “un retroceso de nuestro pasado reciente”.
El abogado piquense Franco Catalani, además de su cargo como delegado de la Secretaría de Derechos Humanos, trabajó en los juicios de la sub Zona 14 que se efectuaron en La Pampa y está comprometido con los derechos humanos.
Consultado por el acto, Catalani fue contundente y aseguró que “es un retroceso fuerte en cuanto a disputa cultural y política sobre nuestro pasado reciente. No lo veo tanto como un acto de negacionismo, sino como de justificación y legitimación del terrorismo de Estado. Es una discusión que ya está saldada hace tiempo: no hubo dos terrorismos y de hecho, se pretende colocar desde un lugar que es al mismo tiempo neutral y parcial, diciendo que hubo dos terrorismos. Hubo uno solo y es el terrorismo de Estado. Tampoco es verdad que hay un ocultamiento de la actividad que desarrollaron las organizaciones armadas porque está documentada incluso por militantes de esas organizaciones”.
El juicio a las juntas y el pedido de extradición del jefe de Montoneros, Mario Firmenich (estuvo preso hasta que lo indultó Carlos Menem): “fue una circunstancia que no es valorable, desde mi punto de vista, porque las recordamos hasta el día de hoy, como las leyes de impunidad, que incluyen a la de Obediencia debida y Punto Final y los indultos. Las organizaciones deberían haber sido juzgadas con la ley, si hubiese existido un Estado legal, pero el ejercicio del poder entre 1955 y 1973, por lo menos, no existió en Argentina un Estado de derecho”.
El abogado reiteró que “no se puede poner en pie de igualdad la comisión de delitos en forma sistemática y generalizada utilizando el aparato del Estado”.
“No hay que olvidar que la posición negacionista y justificacionista va de la mano de un proyecto económico y continental, que es neoliberal. El mismo que se intentó imponer a través del golpe de Estado de 1976: tiene una misma identidad política y económica”, aseguró y reveló que “después de 40 años hemos llegado a ciertos límites de la democracia. Creo que estamos en una situación similar a la del 2001, donde también llegamos a ciertos límites de lo que la democracia puede tolerar como sistema: el fenómeno de Milei-Villarruel es una emergencia de eso”.
“Me preocupa muchísimo esta situación, porque de ganar una opción así, sería tremendamente lesivo para nuestro pueblo, nuestra historia, nuestra economía. Volveríamos a la dependencia económica, cultural, financiera y esto sería con un saldo de heridos y muertos grande, como ya sucedió”, manifestó preocupado Catalani que agregó que “con esa arenga de suprimir la casta, está diciendo (Javier Milei) en forma implícita es que quiere cerrar el Congreso y proscribir a los partidos políticos. Con todas las críticas que se le puede hacer al Congreso y a los partidos, siempre es mucho mejor que un sistema violento”.
El abogado fue contundente: “no tengo la menor duda de que está en peligro la democracia” “Esta coyuntura crítica nos tiene que impulsar a pensar como mejorar la democracia porque llegamos hasta acá, porque la democracia tiene muchos defectos”.
¿Por qué crees que el 31% de la población votó esa opción?: “esa es la pregunta clave: hay un porcentaje grande que votó por una extrema derecha violenta, en el caso de Bullrich (Patricia) y por un Estado inexistente, en el caso de Milei (Javier). Considero que en gran parte porque la clase política y los profesionales de la política y quienes nos interesa la política, no escuchamos una demanda legítima, que es que estamos demasiado tiempo mirándonos el ombligo. La gente nos está diciendo que estamos muy encapsulados y no estamos respondiendo a los problemas que tiene la gente cotidianamente. Es una demanda legítima, mal canalizada, según mi criterio”.
