T.V.O fue acusado de atacar a seis chicos de 3 y 4 años mientras ejercía como profesor de “granja y huerta”. A pesar de que todos los niños lo mencionaron en la cámara Gesell y que, según los jueces que lo absolvieron, los niños “no mintieron”, el tribunal sostuvo que no había pruebas suficientes para condenarlo. Las querellas del caso apelaron la decisión
A finales del año 2013 y principios del año 2014, Alejandra notó algunos cambios en N., su hijo de, por entonces, tres años: principalmente que no controlaba esfínteres mucho tiempo después de haber dejado los pañales y que, cada vez que esto le pasaba, se escondía debajo de una mesa y se autoinsultaba con palabras fuertes. Lo veían agresivo, hiperactivo y muy temeroso. Pero sus padres, que aún estaban asentándose en el país con sus dos hijos después de una década de vivir en España, lo atribuyeron en un primer momento a los cambios que había en la casa y la dinámica de la familia.
Algún tiempo después, sin embargo, Alejandra y su marido empezaron a interpretar esas conductas como señales de algo más grave y más de un año después, en 2015, presentaron junto a otras cinco familias una denuncia por abuso sexual contra el “profe T.”, un maestro del jardín de infantes al que asistían los seis niños, todos de 3 y 4 años.
La causa fue elevada a juicio en 2019, que se inició en febrero de este año pero fue interrumpido por la pandemia de coronavirus. La fiscal Graciela Gils Carbó, a cargo de la Fiscalía General N° 26, solicitó su absolución.
Finalmente, el 27 de julio pasado por la mañana, en un encuentro vía Zoom, el Tribunal Oral N° 30 de Capital Federal -presidido por Guillermo Enrique Friele e integrado por los jueces Luis María Rizzi y Marcela Mónica Rodríguez- coincidió con la fiscal y absolvió por unanimidad al docente bajo el principio de in dubio pro reo, es decir, que en caso de duda o debilidad de las pruebas se debe fallar en favor del acusado.
T. V. O. -que hoy tiene 36 años- era profesor de “granja y huerta” desde 2010 en el nivel inicial del Colegio Integral Caballito, ubicado en la calle Aranguren al 700 de ese barrio porteño. Si bien no tenía título como docente y en ese momento era estudiante de agronomía, “el profe T.” tenía experiencia con niños tras su participación en un grupo misionero y merenderos comunitarios y había dictado clases de guitarra, según contó él mismo en su declaración, y logró acceder al trabajo a través de su mujer, que también había sido maestra de la institución.
A mediados del 2014, antes de que los padres de los niños lo acusaran de abuso, las autoridades del colegio decidieron echarlo, según consta en la causa a la que accedió Infobae y ratificaron ellos mismos ante la Justicia, porque “se ausentaba mucho”.
Para ese entonces, la única referencia que Alejandra tenía de este profesor era una anécdota mínima que le había contado su hijo después del colegio. “T. nos presta la calesita”, le había dicho N. a su mamá. “¿No estaba rota?”, le consultó ella, que tenía el recuerdo de que habían sacado ese juego del patio principal. “Si, pero está en un patio atrás del colegio y el profesor nos la presta. No le dice nada a la maestra y, si nos portamos bien, nos la deja usar”, respondió él. Pero ella no le dio demasiada importancia, le pareció un detalle del día a día escolar.
En octubre del 2014, mientras N. todavía manifestaba una serie de comportamientos extraños, Alejandra supo que una madre del colegio, con la que ella mantenía una buena relación, había decidido sacar a sus tres hijos del Colegio Integral. “Es por algo grave”, le adelantaron por teléfono. Así fue que organizaron una reunión con ella y otras madres donde la mujer contó que su hijo F., había sufrido un abuso dentro del colegio, que le había contado que un profesor lo había tocado y le sacaba la ropa. Un detalle más convirtió lo que era una nimiedad en una preocupación seria: el chico había dicho además que todo ocurría donde estaba la calesita.
“En ese momento me puse a llorar”, recuerda Alejandra.
La madre de F. contó además ante las otras madres que su primera reacción había sido hablar con las autoridades del colegio, pero que su dueño y director y su esposa (quien es a su vez la psicopedagoga de la institución) le habían negado categóricamente que eso hubiera ocurrido y que al no sentirse acompañada decidió cambiarlo de escuela tanto a él cómo a sus hermanos.
Poco tiempo después de que eso ocurriera, el profesor de “granja y huerta” fue despedido.
Lo que siguió fue un proceso largo de acercamiento y conversaciones entre las madres presentes en esa reunión y sus hijos, donde varios de ellos pudieron contar diferentes situaciones de abuso que se diferenciaban en los detalles pero coincidían en T. como el presunto responsable. Los niños compartían síntomas también: problemas para controlar esfínteres, temores nocturnos, pesadillas, agresividad, comportamientos sexuales, insultos, odio hacia la figura masculina y resistencia de ir al jardín. De a poco, algunos niños lograron narrar, en el marco de terapias psicológicas y psiquiátricas, cómo habían sido esas situaciones abusivas y hasta brindaron nombres de amigos y compañeros de curso a los que les había pasado lo mismo.
Los padres de F., N., L., B., N. y F. -sus nombres y los nombres completos de sus padres se mantienen en reserva para evitar la identificación de los menores de edad- sacaron a los niños del colegio y decidieron presentar una denuncia penal en junio de 2015. Los padres de otros niños que también relataron circunstancias similares prefirieron no atravesar ese proceso.
El caso fue investigado en primera instancia por el fiscal Aldo de la Fuente, titular de la UFISEX, el ala de la Procuración dedicada a delitos sexuales y, en 2016, la jueza Mónica Berdión de Crudo, del Juzgado N° 47 de Capital Federal, le dictó falta de mérito al docente. Pero las seis familias apelaron esa decisión ante la Sala I de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional y en mayo de 2017 se revocó esa resolución y se dispuso el procesamiento sin prisión preventiva del profesor. Luego la causa se elevó a juicio y, hace apenas un mes, el Tribunal N° 30 resolvió absolverlo por el “beneficio de la duda”.
“En primer término, debo señalar que, luego de examinada la totalidad de las pruebas recogidas y los alegatos de las partes, durante el largo debate de este juicio, tengo dudas”, expresó el juez Friele en los fundamentos del fallo, de más de 500 páginas al que tuvo acceso Infobae. “Sobre esta base entonces, entiendo que los hechos que han formado parte de la plataforma fáctica de este juicio no han sido probados en debida forma”, continuó el magistrado, pero aclaró: “Adelanto que de ninguna manera entiendo que los niños estén mintiendo”.
En resumen, Friele consideró que las descripciones que los niños hicieron de los abusos en Cámara Gesell dos años después (cuando la mayoría tenía ya cinco años) fueron “imprecisas, equívocas, cuando no ambiguas” y que, contrastados sus relatos con las pericias psicológicas de ellos y del agresor, la inspección ocular en el colegio, los testimonios de sus familiares, padres del colegio y otros testigos,se generaron puntos de duda respecto de tres aspectos: el lugar en el que ocurrieron los hechos, cuáles fueron concretamente las acciones abusivas y quién fue el autor. Estos son los ítems de acuerdo a los que, según su criterio y el de la fiscal Gils Carbó, no hacen posible establecer una condena contra T.V.O
En sus declaraciones, los niños mencionaron distintos tipos de vejaciones y tocamientos del profesor hacia ellos (y otros que él los obligaba a hacer) en un contexto de “juegos” con dados y canciones a través de los cuales los niños debían sacarse la ropa de acuerdo a si ganaban o perdían. Algunos mencionaron también particularidades como que el profesor los ataba o les tiraba jugo, que les sacaba fotos o los obligaba a decir malas palabras. En general, todos coincidieron que esto lo hacía solamente con los varones porque las nenas no participaban de esos “juegos”. Uno de ellos mencionó también a otro profesor, del cual no pudo comprobarse su presencia en los presuntos abusos.
Una perito psicóloga del Cuerpo Médico Forense que intervino en el caso realizó una pericia psicológica de los niños, entrevistas a sus padres y analizó las Cámaras Gesell de cada uno y determinó en su informe que en ninguno de los niños se registró incremento patológico de la imaginación, como tampoco indicadores de inducción y sí halló indicadores de “vivencias disruptivas” en ellos.
Otro perito médico psiquiatra también del CMF, señaló también en ese sentido que los niños “no registraron aumento en el nivel de ideación confabulada” y, a pesar de que concluyó que en ninguno de los casos se observan “secuelas emocionales, cognitivas y de conducta”, manifestó que “la validez y credibilidad integral de su testimonio se ofrece dentro de las normales limitaciones que su temprana edad impone a estos aspectos de su presentación”. Esto fue avalado también por Karina Chávez, la representante de la Defensoría Pública de Menores que intervino en el proceso. También constan en la causa los testimonios de los terapeutas que asistieron o asisten actualmente a cada uno de los niños y todos los peritos de parte.
Para las tres querellas que representan a los padres de los chicos, el tribunal hizo una interpretación sesgada de estos informes. A pesar de que el juez remarcó que los niños no fabulaban, no consideró que sus declaraciones hayan sido consistentes y manifestó que el hecho de que todos lo mencionaran a este profesor en particular no alcanza “por sí solo” para dictar una condena.
Todos los niños refirieron, por otra parte, que los abusos ocurrieron en el patio trasero del colegio o en la huerta donde tenían las clases con T. regularmente, a excepción de los días de lluvia, donde las cámaras de seguridad del edificio no tenían visión. Sin embargo, los jueces del tribunal consideraron luego de la inspección ocular que se trataba de lugares “completamente abiertos, públicos y expuestos a la mirada de cualquier tercero que circule”. “Me resulta muy difícil sostener que los hechos descriptos se hayan podido realizar en dichos lugares”, expresó el juez Friele.
Esa visión fue sostenida por el dueño y director del colegio y su esposa y por las declaraciones de dos docentes de las salas “ardillas azules” y “bambis azules”, que afirmaron que ellas siempre presenciaban la clase de huerta, salvo cuando acompañaban a alguno de los niños al baño. Esas declaraciones fueron fuertemente criticadas por los padres de los niños, que aseguraron que ninguno de sus hijos acredita la presencia de las maestras durante esas clases.
En su declaración indagatoria y en sus últimas palabras luego de los alegatos de las partes, T.V.O negó categóricamente haber cometido los abusos, dijo que supo de la acusación recién un año después de haber dejado el trabajo y la atribuyó a un rumor de radiopasillo: “una bola que no paró”. El profesor e ingeniero agrónomo aseguró que estos cinco años habían sido “los más difíciles de su vida” y le agradeció a la fiscal Gils Carbó por haber postulado su absolución.
No es la primera vez que un “efecto estampida” es evaluado en una acusación en el contexto de un jardín de infantes. Juzgados de instrucción porteños se encontraron con acusaciones similares en los últimos años, con testimonios aparentemente inducidos por la insistencia y el temor de los padres luego de instalación de un rumor.
Para las querellas -que pidieron que el docente sea condenado a 21 años de prisión y 10 años de inhabilitación para enseñar– la fiscal omitió pruebas en su alegato y “carece de perspectiva de niñez” y solicitaron la presentación de una réplica antes del veredicto, que fueron denegadas. Finalmente el juez Friele planteó la absolución y el juez Rizzi y la jueza Rodríguez adhirieron a sus fundamentos.
“La maquinaria judicial que la sociedad toda soporta le exige a los niños lo que no pueden dar, los cuestiona en su manera de hablar, son objeto de varias pericias sin ninguna perspectiva de niñez y libera al abusador para que continúe abusando. Todo en nombre de la duda”, expresaron en un comunicado los padres de los niños tras el fallo. El martes 18 de agosto, entonces, cinco familias presentaron un recurso ante la Cámara Nacional de Casación Penal para que la resolución del Tribunal 30 sea anulada y revisada y T.V.O. sea condenado por abuso sexual gravemente ultrajante y agravado por su carácter de educador.
Fuente: Infobae.com
