Hace unos días la justicia piquense, en consonancia con lo ordenado por el poder político pampeano, le inició una causa a una enfermera del hospital porque en un audio viralizado “criticaba” a las autoridades del hospital local y contaba “una versión falsa” de lo que ocurrió a raíz del primer infectado en esta ciudad por coronavirus “incluyendo el procedimiento realizado”.
Nadie cuestiona el procedimiento como tal, ya que se viola la reciente resolución 875/20 por el decreto provincial 521/20 donde el ministerio de salud de provincia prohíbe a todos el personal de salud divulgar todo tipo de información vinculada con el COVID-19.
Pero la duda surge, en este caso específicamente, porque tampoco hay una respuesta oficial desde el ministerio de salud de la provincia, que explica y da a conocer de qué manera se llevó a cabo el protocolo de seguridad y en qué contexto se realizó el hisopado de los familiares del infectado. Es decir, no permite divulgación de ningún tipo, pero tampoco da explicaciones los procedimientos realizados.
Esta situación genera dudas en la población que cuestiona y pregunta si hay ocultamiento de datos o de posibles errores dentro del sistema, que de ser dados a conocer por el personal podría caer, también, en una denuncia judicial.
La justicia pampeana, con el código penal debajo del brazo, principalmente en la zona norte de la provincia, ha realizado procedimientos demorando personas y secuestrando celulares y computadoras por “falsa divulgación” y por “infundir temor” en la sociedad. El argumento es la falsedad de audios y texto escrito en la red de WhatsApp.
Indudablemente ha realizado la mejor y más eficiente campaña publicitaria que ni el gobierno tuvo en cuenta en relación a este tema: “Evitá una causa judicial, haciendo silencio”.
Es muy importante mantener la calma, la serenidad en estos tiempos, pero volvemos a insistir con el concepto: Hay que informar. Hay que explicar. Porque como dice la historia: “El pueblo quiere saber de qué se trata”.
Es claro, desde la justicia pampeana están haciendo “publicidad” sobre cada caso para que la sociedad “entienda” que no debe divulgar información falsa o personal de personas contagiadas por COVID-19. Pero, también es cierto, que se está infundiendo temor para que trabajadores de la salud que no estén de acuerdo con los procedimientos no puedan dar a conocer su opinión profesional por posibles represalias judiciales, tal vez no sea el fin final, pero si es algo que sucede.
Un simple suceso ocurrió ayer donde un intendente en la provincia de Catamarca sancionó a una enfermera que le pidió barbijos hacen pensar. Además ahora enfrentará una causa penal.
No nos olvidemos quién era Li Wenliang, el doctor que trató de alertar sobre el brote y cuya muerte causa indignación. Li Wenliang murió después de contraer el virus mientras trataba a pacientes en Wuhan. En diciembre de 2019, intentó alertar a sus colegas médicos advirtiendo sobre un virus que creía que se parecía al SARS, otro coronavirus mortal.
Pero la policía le dijo que “dejara de hacer comentarios falsos” y fue investigado por “propagar rumores”. “No creo que haya estado difundiendo rumores. ¿No se ha convertido esto en realidad ahora?”, le dijo a la BBC su padre, Li Shuying. “Mi hijo era maravilloso”.
El 30 de diciembre, Li le envió un mensaje a sus colegas en un chat, en el que les advirtió del brote y les recomendó usar ropa protectora para evitar contagiarse. Cuatro días más tarde, recibió una visita de funcionarios de la Oficina de Seguridad Pública, quienes le dijeron que firmase una carta.
En ella, lo acusaban de “hacer comentarios falsos” que habían “perturbado severamente el orden social”. “Le advertimos solemnemente: si sigue siendo terco e impertinente, y continúa con esta actividad ilegal, será llevado ante la Justicia ¿se entiende?”.
Seguramente algunos funcionarios podrían pensar que se exagera la situación, pero lamentablemente este tipo de cosas suceden. Ojalá no se llegue a confundir la desinformación, con las denuncias o desacuerdos sobre protocolos o procedimientos.
