El Poder Ejecutivo de La Pampa remitió a la Cámara de Diputados provincial las respuestas correspondientes a las consultas formuladas sobre un caso de adopción. La contestación institucional se realizó con estricto apego al marco legal vigente, teniendo como premisas rectoras la institucionalidad, el interés superior del niño y el deber de reserva que resguarda la intimidad de la familia adoptante.
La respuesta institucional quedó formalizada mediante una nota remitida por el gobernador Sergio Ziliotto a la presidenta de la Legislatura, Alicia Mayoral, a la cual se anexó un informe elaborado en conjunto por los ministerios de Desarrollo Social y Derechos Humanos, de Seguridad y Justicia, y de Salud.
En el documento, el Poder Ejecutivo ratificó que el ejercicio del control político y el requerimiento de informes por parte de la Legislatura deben concretarse dentro de los límites del ordenamiento jurídico. Se remarcó especialmente el resguardo necesario cuando están involucrados derechos de niños, niñas y adolescentes, así como datos de identidad, intimidad y vida familiar protegidos por normas de jerarquía constitucional.
Asimismo, en relación con el alcance del pedido parlamentario, el Gobierno provincial señaló la necesidad de que se precisen e individualicen las actuaciones estrictamente administrativas y las piezas concretas cuya consulta sea requerida, indicando de forma expresa su relación con cada consulta para evitar requerimientos genéricos o indeterminados.
Por último, se solicitó a la Cámara de Diputados abstenerse de pedir documentación o declaraciones orientadas a revisar el mérito, conveniencia o acierto de decisiones de carácter judicial o interferir con órganos específicos. En tal sentido, se enfatizó que toda información judicial debe ser requerida ante el Poder Judicial, órgano competente para resolver sobre su acceso y alcance.
