El exdiputado provincial y expresidente de la Comisión de Ríos Interprovinciales de la Cámara de Diputados de La Pampa, Jorge Lezcano, expresó un fuerte repudio frente al decreto 982/2026 del Gobierno Nacional. La medida deja sin efecto un régimen vigente desde el año 1973 y establece que la totalidad de las regalías hidroeléctricas del Sistema Los Nihuiles quedará exclusivamente en manos de la provincia de Mendoza.
Un conflicto que va más allá de lo económico
Lezcano, quien cuenta con una vasta trayectoria en la defensa de los recursos hídricos pampeanos, advirtió sobre la gravedad de la medida presidencial. “Conozco esta discusión desde siempre y profundicé en ella cuando me tocó representar, institucionalmente, a La Pampa en uno de los momentos más importantes de la defensa de nuestros recursos hídricos. Y por eso creo que esto no puede convertirse en una simple discusión de plata”, señaló el exlegislador.
Cabe recordar que, entre 2015 y 2019, como titular de la Comisión de Ríos Interprovinciales, Lezcano acompañó al entonces gobernador Carlos Verna y a la Fiscalía de Estado en instancias decisivas ante el Ministerio del Interior y en la histórica audiencia pública celebrada ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el conflicto del río Atuel.
La postura de la Corte Suprema y el incumplimiento mendocino
El exdiputado fue categórico al recordar el estatus jurídico del cauce: “El Atuel es un río interjurisdiccional. Eso no es una opinión de La Pampa, fue establecido por la Corte Suprema. Y la misma Corte, años después, fijó un caudal mínimo permanente de 3,2 metros cúbicos por segundo en el límite entre Mendoza y La Pampa para intentar recomponer el ecosistema afectado, decisión que jamás fue respetada”.
En este sentido, Lezcano sostuvo que la decisión adoptada ahora por la administración de Javier Milei no hace más que profundizar una “situación de injusticia” histórica para la provincia. Recordó además que, durante más de cincuenta años, el Estado Nacional reconoció la participación pampeana y que, en 1992, se firmó un acuerdo tripartito —aprobado por las legislaturas y homologado por la Corte— que contemplaba expresamente el pago de regalías. “Hoy, mediante un decreto, el Gobierno Nacional decide que La Pampa no reciba absolutamente nada”, sentenció.
Soberanía provincial e institucionalidad en riesgo
Para el exfuncionario, existe una contradicción fundamental que supera el debate estrictamente jurídico y atenta contra la soberanía de la provincia. “El Atuel no puede ser interprovincial cuando hablamos del daño que produce la falta de agua en territorio pampeano y convertirse en exclusivamente mendocino cuando hablamos de la riqueza que esa misma agua permite generar”, analizó.
Lezcano también apuntó duramente contra el accionar del Ejecutivo Nacional, calificándolo como una “incoherencia política” y remarcando un “desprecio explícito por lo que dictamina la Justicia”, algo que, a su criterio, destruye la institucionalidad a niveles inéditos. Además, subrayó lo irregular de la medida, ya que se dictó mientras existe una causa en trámite ante la Corte Suprema, iniciada por la propia provincia cuyana contra la Nación justamente por este régimen de regalías.
La defensa del Atuel como política de Estado irrenunciable
En el tramo final de sus declaraciones, Lezcano hizo un llamado a la unidad de todos los pampeanos frente a este avasallamiento. “En esto no puede haber diferencias partidarias. Podremos discutir muchas cosas en La Pampa, puertas adentro, pero cuando están en juego nuestros recursos, nuestros derechos y nuestra soberanía provincial, tenemos la responsabilidad de estar todos del mismo lado”, enfatizó.
A modo de conclusión, trazó un duro paralelismo entre el histórico corte del río y esta nueva quita de fondos: “Primero privaron a La Pampa del escurrimiento natural del Atuel. Ahora pretenden privarnos también de nuestra participación en las regalías que durante décadas nos fueron reconocidas. El agua, el ambiente, la producción y los derechos de La Pampa forman parte de una misma historia”.
Finalmente, dejó una contundente crítica a la gestión nacional: “El nivel de improvisación compulsiva del Presidente se corresponde con las medidas espasmódicas de todo su gabinete. Parece que no solo están dispuestos a condenarnos a ser una zona de sacrificio, también quieren provocar una pobreza sistémica en las localidades que ya fueron despojadas de su derecho al agua”.
