La Dirección General de Recursos Naturales de la Provincia notificó formalmente a un, arrendatario de un campo ubicado en el departamento Rancul, por el aprovechamiento no autorizado de productos forestales verdes —rollizos, postes y leña— sobre una superficie de 342 hectáreas de bosque nativo catalogado como “tupido alto”. Según el expediente administrativo, los cortes detectados oscilan entre 5 y 10 por hectárea, con una antigüedad estimada de hasta tres años, y quedaron documentados a través de imágenes satelitales incorporadas a la causa.
El hecho está tipificado como una presunta infracción al artículo 26, incisos 1) y 9), del Decreto N° 1026/12 —reglamentario de la Ley provincial N° 2624 de Bosques Nativos— y su modificatorio, el Decreto N° 486/20. La normativa faculta a la Dirección de Recursos Naturales a sancionar este tipo de intervenciones no autorizadas sobre el bosque nativo pampeano. El expediente quedó caratulado bajo el N° 5419/2026, y el arrendatario cuenta con un plazo de diez días hábiles, contados desde el octavo día posterior a la última publicación del edicto, para presentar el descargo que estime pertinente ante la Mesa de Entradas del organismo, en calle Sarmiento 161 de Santa Rosa.
Una falta que se repite en los controles provinciales
El caso de Rancul no es un hecho excepcional dentro del esquema de fiscalización forestal de la provincia. El propio Ministerio de la Producción había informado que el desmonte sin permiso constituye la infracción más habitual detectada en los bosques pampeanos: solo en los controles realizados durante 2024, los incumplimientos a la Ley N° 2624 alcanzaron a 1.331 hectáreas en distintos puntos de la provincia. Las sanciones económicas por este tipo de faltas pueden ser de peso: en un caso anterior, una empresa fue multada con más de $5,8 millones por infracciones a los mismos artículos 26 y 31 del Decreto 1026/12 que ahora se le imputan a la persona notificada.
La Ley de Bosques pampeana —sancionada para declarar de interés provincial la restauración, conservación y manejo sostenible del bosque nativo— establece que toda intervención sobre estas áreas, incluida la extracción de leña y postes, requiere autorización previa de la Dirección de Recursos Naturales, que además debe avalar los planes de manejo a través de un profesional habilitado. La normativa distingue distintas categorías de conservación según la zona del territorio provincial, y solo permite el desmonte total en áreas específicas que cumplan con determinadas condiciones de suelo y relieve.
Lo que resta conocer
El expediente abierto por Recursos Naturales no detalla, por ahora, si sobre el mismo campo existían planes de manejo sostenible vigentes o autorizaciones parciales que pudieran matizar la magnitud de la infracción, ni tampoco el estado de conservación en el que quedó la zona afectada tras los cortes reportados. Es un punto pendiente de consulta directa con el organismo, al igual que un dato de contexto que ayudaría a dimensionar el caso: cuántas hectáreas de bosque nativo fueron intervenidas sin autorización en Rancul y en el resto de la provincia durante este año, y si el uso de imágenes satelitales —como en este expediente— se transformó en una herramienta sistemática de control o se aplica todavía de manera puntual.
