En una resolución de alto impacto institucional y económico, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de los artículos 267 y 269 del DNU 70/23, los cuales habían eliminado la intervención estatal en la fijación de las cuotas de la medicina prepaga. A partir de este fallo, la Superintendencia de Servicios de Salud recuperará de manera inmediata sus facultades para revisar, fiscalizar y autorizar los incrementos que apliquen las empresas del sector.
La determinación adoptada por el máximo tribunal genera repercusiones inmediatas en el ámbito judicial: tiene una influencia directa sobre cerca de 500 causas análogas que aún aguardan resolución en la propia Corte, al tiempo que podría marcar el rumbo de numerosos amparos iniciados por afiliados en tribunales federales de distintos puntos del país, incluidos aquellos planteos que reclaman la restitución del dinero abonado en exceso.
El caso que motivó el pronunciamiento confirmó parcialmente una sentencia de la Cámara Federal de La Plata, originada a partir del reclamo de una afiliada que padeció un aumento del 110% en su cuota entre diciembre de 2023 y febrero de 2024. En contraste, de haber continuado vigente el esquema regulatorio previo del Ministerio de Salud de la Nación, el incremento autorizado para el mes de enero de 2024 hubiese sido de apenas el 6,26%.
El fallo llevó las firmas de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, transformándose en la primera declaración de inconstitucionalidad del máximo tribunal sobre el mega DNU 70/2023 impulsado por el Poder Ejecutivo. El expediente se elevó a la Corte luego de que tanto la empresa de medicina privada demandada como el propio Estado Nacional interpusieran recursos extraordinarios.
El regreso del control estatal y el criterio para los ajustes
Las normas declaradas nulas habían derogado una disposición de la Ley 26.682 y modificado otra, suprimiendo la supervisión oficial sobre las cuotas médicas. Con la ratificación judicial, la Superintendencia de Servicios de Salud volverá a tener la obligación de examinar las modificaciones tarifarias para asegurar que respondan a parámetros de razonabilidad.
En este sentido, el organismo regulador reasumirá la potestad de avalar subas únicamente cuando se encuentren fundadas en variaciones reales de la estructura de costos y respaldadas por un cálculo actuarial razonable de los riesgos. No obstante, la Corte revocó el tramo de la sentencia de La Plata que disponía topear los aumentos según el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Los magistrados especificaron que la resolución no establece un techo automático indexado a la inflación oficial, sino que restituye las competencias regulatorias plenas a la autoridad de aplicación, por lo que cada eventual aumento deberá ser evaluado conforme a los mecanismos previstos en la legislación que ha recobrado plena vigencia.
La falta de justificación para eludir el debate parlamentario
En los fundamentos del fallo, la Corte recordó que la Constitución Nacional faculta al Poder Ejecutivo a dictar medidas de carácter legislativo únicamente bajo condiciones de rigurosa excepcionalidad. Para recurrir a un decreto de necesidad y urgencia, debe configurarse la imposibilidad material de que el Congreso legisle mediante el trámite ordinario o bien verificarse una urgencia temporal que impida aguardar los plazos del proceso legislativo.
El tribunal rememoró su doctrina histórica sobre los DNU, recientemente ratificada el 13 de agosto en el precedente “Cencosud”. Bajo esos parámetros, determinó que los considerandos del DNU 70/2023 no aportaron una justificación mínima ni acreditaron circunstancias excepcionales que habilitaran la derogación intempestiva de los controles estatales sobre las prepagas.
Los jueces remarcaron que la simple invocación de una “crisis del sistema de salud” o la aspiración de “aumentar la competitividad del sistema” mediante la desregulación de precios no configuran una urgencia jurídica suficiente. Del mismo modo, concluyeron que el Gobierno no probó un nexo causal concreto entre la emergencia económica y social alegada y la decisión de desarticular la tutela estatal sobre las cuotas.
Finalmente, la Corte advirtió que las razones de mera conveniencia del Poder Ejecutivo no pueden ser utilizadas para esquivar el control institucional, ya que la Carta Magna no autoriza a optar de forma discrecional entre el debate parlamentario y la vía rápida de un decreto. Asimismo, se aclaró de manera expresa que la sentencia se circunscribe con exclusividad a los artículos 267 y 269, sin emitir juicio ni opinión sobre el resto de las reformas contenidas en el DNU 70/23.
