La máxima instancia judicial de la provincia determinó que las indemnizaciones por trabajo en negro previas a las reformas nacionales deben pagarse. Los jueces rechazaron el intento de una empleadora de esquivar la condena amparándose en la reciente derogación de las multas laborales.
En un fallo de gran relevancia para el mundo laboral pampeano, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) marcó un claro límite a los intentos de aplicar retroactivamente el DNU 70/23 y la Ley Bases en juicios por despidos. La Sala A del máximo tribunal provincial confirmó que una trabajadora que estuvo en negro durante más de seis años tiene derecho a cobrar todas las multas que la ley establecía al momento de su conflicto, sin importar que esas sanciones hayan sido derogadas recientemente por el gobierno nacional.
El caso se originó tras el despido indirecto de una mujer, quien comprobó ante la justicia haber trabajado sin estar registrada para otra mujer entre marzo de 2017 y agosto de 2023. La justicia condenó a la empleadora a pagar las indemnizaciones y multas correspondientes, previstas en la antigua Ley de Empleo. Sin embargo, el abogado de la demandada, Pablo Rodríguez Salto, apeló la medida hasta llegar al STJ con un argumento novedoso: afirmó que, como el DNU 70/23 y la Ley 27.742 derogaron esas multas, la condena debía anularse aplicando el principio de la “ley penal más benigna”.
La respuesta de los jueces José Roberto Sappa y Eduardo D. Fernández Mendía fue contundente y declaró inadmisible el planteo. Los magistrados ratificaron que las multas laborales no son castigos penales, sino “indemnizaciones tasadas” o “sanciones civiles” que buscan reparar el daño patrimonial al trabajador y desalentar el empleo informal.
“Desde el momento en que se produce el incumplimiento, el crédito resarcitorio es exigible por parte del trabajador, integrando su patrimonio”, se destacó en la resolución. En términos sencillos: la sentencia judicial no crea el derecho de la trabajadora, sino que simplemente lo reconoce. Como la relación laboral no registrada ocurrió mucho antes de las reformas legislativas impulsadas por Javier Milei, los derechos económicos ya le pertenecían a la demandante y una ley posterior no puede borrarlos.
Este pronunciamiento del Superior Tribunal sienta un fuerte precedente en la jurisprudencia de La Pampa, blindando las indemnizaciones de los trabajadores frente a los cambios normativos recientes en aquellos conflictos iniciados antes de la entrada en vigencia de las nuevas leyes.