La Cámara de Apelaciones de Santa Rosa ratificó una sanción de más de 4 millones de pesos contra la procesadora de tarjetas. La Justicia advirtió que la empresa no puede usar al banco emisor como escudo para evitar dar explicaciones a los usuarios.
Un reciente fallo de la Justicia pampeana marcó un fuerte precedente en la defensa de los derechos de los usuarios de tarjetas de crédito. La Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa confirmó una multa de $4.250.000 aplicada a la firma First Data Cono Sur S.R.L., tras rechazar de manera deficiente el reclamo de una clienta por un consumo que nunca realizó.
El caso se originó cuando una usuaria de una tarjeta Mastercard emitida por el Banco de La Pampa, desconoció un cargo de 92 dólares efectuado en un comercio del exterior. Al impugnar la compra, First Data rechazó su petición con una respuesta casi automática: argumentó que la operación se había ingresado mediante la lectura del chip y que no existía una denuncia previa por robo o extravío del plástico. Frente a esto, la Dirección General de Defensa del Consumidor intervino y sancionó a la empresa por incumplir su deber de brindar información cierta, clara y detallada.
En su apelación ante la Justicia, First Data intentó desligarse del conflicto. La firma aseguró que carecía de “legitimación pasiva”, alegando que ellos solo prestan un servicio técnico de procesamiento y que la relación contractual directa de la clienta era exclusivamente con el Banco de La Pampa.
Sin embargo, el juez Gustavo R. Arballo fue contundente al desestimar este argumento. En su resolución, el magistrado explicó que el sistema de tarjetas de crédito funciona como una red de contratos conexos y que First Data tiene una participación “profesional, activa y necesaria”. Por lo tanto, no puede desentenderse de los reclamos ni ocultar información amparándose en divisiones internas de tareas con la entidad bancaria.
El magistrado subrayó que la procesadora falló al no brindar una explicación individualizada que permitiera a la usuaria comprender por qué se le atribuía esa compra. Al confirmar la sanción económica, el fallo dejó un mensaje aleccionador para el mercado financiero: las multas deben ser lo suficientemente altas para que a las empresas no les resulte más barato incumplir la ley que invertir en mecanismos adecuados de atención y respuesta al consumidor.
