Integrantes del Parlamento Patagónico manifestaron su rechazo y preocupación ante la reciente resolución de la Corte Suprema de Justicia de la Nación vinculada al Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. Según advirtieron en un documento conjunto, dicho pronunciamiento frena las acciones judiciales interpuestas contra la norma y habilita en la práctica la derogación de la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.
Los legisladores provinciales sostuvieron que esta decisión judicial restaura de forma efectiva un escenario en el cual la compra de tierras por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras queda desprovista de los límites cuantitativos y geográficos, además de eliminar medidas de protección de recursos estratégicos. Para la región patagónica, caracterizada por extensas zonas de frontera, recursos hídricos fundamentales y áreas de alto valor geopolítico, señalaron que la desregulación dominial representa un riesgo inminente para la integridad territorial y el desarrollo sustentable de las comunidades.
Asimismo, los representantes cuestionaron el argumento procesal de la Corte Suprema que negó la legitimación colectiva a organizaciones como el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM). Consideraron que se impusieron barreras de acceso a la justicia al exigir la acreditación de afectaciones individuales frente a normativas que resguardan derechos de incidencia colectiva y constitutivos de la soberanía nacional.
Ante esta situación, el Parlamento Patagónico formuló un llamado formal al Congreso de la Nación para que, dentro de sus atribuciones constitucionales y en el marco de la división de poderes, concluya el tratamiento del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 con el objetivo de brindar plena certeza jurídica al dominio sobre las tierras argentinas.
El pronunciamiento contó con el respaldo de representantes de La Pampa, Tierra del Fuego, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Río Negro, quienes recalcaron que la defensa del territorio y la custodia de los bienes naturales demandan una política de Estado perdurable y soberana.
