Tras semanas de incertidumbre parlamentaria, el oficialismo logró imponer su agenda en el Senado y convirtió en ley la denominada Inocencia Fiscal II. La iniciativa, que reemplaza a la versión aprobada hace apenas ocho meses, obtuvo 44 votos a favor gracias al respaldo de bloques aliados como el PRO, la UCR, Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Independencia, La Neuquinidad, Movimiento por Misiones, Primero los Salteños y Provincias Unidas.
El debate por la Inocencia Fiscal
El senador libertario Bruno Olivera, miembro informante, defendió la medida al señalar: “Este proyecto trata la confianza. Trata de si vamos a seguir viendo a los contribuyentes como sospechosos de por vida o como lo que realmente son: ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y merecen respeto”. Por el contrario, los 23 senadores del bloque peronista votaron en contra, argumentando que la ley se vincula a un esquema de blanqueo continuo que afecta a trabajadores y jubilados.
El presidente del bloque peronista, José Mayans, criticó el impacto económico de la norma, mientras que el senador Jorge Capitanich cuestionó la falta de funcionarios del Ministerio de Economía y de ARCA durante el debate en comisiones. Por su parte, el senador Fernando Salino propuso sin éxito ampliar las restricciones para personas políticamente expuestas, incluyendo a sus cónyuges y familiares, una modificación que el oficialismo rechazó para mantener el texto original.
Claves de la nueva normativa
La ley introduce cambios significativos en el Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), modificando los umbrales de ingresos y patrimonio que dejaban fuera a muchos contribuyentes. Además, se redefinió el concepto de discrepancia significativa: si la diferencia detectada es del 15% o más, pero no supera los cinco millones de pesos, ya no se considerará una irregularidad grave. El beneficio de presunción de exactitud y tapón fiscal tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.
Traspaso de la justicia a CABA
En la misma sesión, el Senado aprobó por 44 votos a favor y 21 en contra el traspaso de la justicia de menores y competencias penales a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El senador Gonzalo Coraita explicó que la medida busca unificar bajo una misma jurisdicción la prevención y sanción de hechos ilícitos. El acuerdo transfiere la justicia criminal y correccional de menores, abarcando delitos cometidos por adolescentes de entre 14 y 18 años. El peronismo, a través de Capitanich, cuestionó el traspaso señalando asimetrías en el federalismo fiscal al considerar que se realiza con fondos hacia el distrito más rico del país.
