Tras un año de reclamos y en un contexto de alta inflación, el gobierno nacional acordó un aumento para los prestadores de servicios de discapacidad que se implementará en tres tramos. En diálogo con INFOPICO RADIO 99.9, Iván Poggio, director de Discapacidad de La Pampa, analizó el impacto de la medida y abordó la preocupante situación de las pensiones dadas de baja en la provincia.
En pocas líneas
- Se acordó un aumento en tres tramos (14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre) para prestadores de servicios de discapacidad, aunque se considera insuficiente ante la inflación acumulada.
- El directorio encargado de los temas de discapacidad se reunió después de un año de inactividad, lo cual había generado desequilibrios y cierres de instituciones.
- Un fallo judicial federal obliga a la Nación a restituir las pensiones por invalidez dadas de baja de forma retroactiva, debido a irregularidades en el proceso de auditoría.
- La Dirección de Discapacidad de La Pampa critica el operativo nacional de auditoría de pensiones por fallas en la comunicación y sospecha de un recorte encubierto.
El presupuesto para los prestadores experimentará un incremento de entre el 29% y el 35%, que se aplicará en tres cuotas: 14% en octubre, 10% en noviembre y 8% en diciembre. Poggio valoró positivamente la reanudación del diálogo, aunque advirtió que el aumento no resuelve la cuestión de fondo.
“Después de un año y reclamos varios que son de público conocimiento, por fin se juntó el directorio y acordaron estos aumentos”, señaló el funcionario. Si bien reconoció que la medida es un avance, Poggio puso las cifras en perspectiva: “Había un 230 por ciento de inflación desde que asumió Milei y los aumentos habían llegado al 106. Esto achica el margen, pero no quiere decir que sea la solución definitiva porque hay atraso. Esto es compensación de inflación, no es que haya un aumento en las prestaciones en sí”.
“Vemos como positivo la reunión de directorio y por lo menos este aumento, que va a dar un poco de oxígeno a los prestadores”, afirmó Poggio.
El director provincial destacó la importancia de que las instituciones vuelvan a funcionar, ya que el directorio llevaba un año sin reunirse. “Que no se reúna el directorio era una irregularidad. Podés juntarte y no llegar a un acuerdo, pero el tema es que hace un año que no se juntaba”, explicó. Esta parálisis no solo afectó los aranceles, sino también la discusión de otras normativas y prestaciones, generando un desequilibrio que llevó a algunas instituciones del país a cerrar sus puertas por no poder sostenerse económicamente.
Un fallo judicial trae alivio por las pensiones suspendidas
Otro de los temas centrales que preocupan a la dirección es la suspensión de pensiones por invalidez a nivel nacional. Al respecto, Poggio informó sobre una novedad judicial que podría revertir muchas de estas bajas.
“Hay un fallo en Catamarca, pero que tiene alcance federal, que obliga al Estado Nacional a que todas aquellas pensiones que dio de baja, las tiene que volver a dar de alta nuevamente de forma retroactiva”, detalló. La medida cautelar se basa en las irregularidades comprobadas durante el proceso de auditoría.
En La Pampa, como en el resto del país, se registraron bajas. Según Poggio, la mayoría no se debió a que las personas no cumplieran los requisitos, sino a fallas en la comunicación. “La baja fue porque la gente no se enteró al momento de ir a la auditoría. La mayoría de las bajas, en particular, era porque no te enteraste y no fuiste”, sostuvo.
El director de Discapacidad criticó duramente el operativo nacional. “Quedó bastante plasmado que fue un recorte, porque no se hizo bien la auditoría. Se gastó mucho dinero en notificaciones, se mandaron un millón de cartas documento a cualquier domicilio, domicilios mal, sin actualizar”, denunció.
Aunque el gobierno provincial solicitó formalmente la información, aún no se conoce el número exacto de pensiones suspendidas en La Pampa. Poggio indicó que en la provincia hay entre 7.500 y 8.000 pensiones por invalidez, de las cuales unas 4.200 fueron auditadas en Pico, Santa Rosa, Acha y 25 de Mayo. “Yo estoy a favor de la auditoría, pero hagámosla con las medidas de seguridad que se necesita. Pienso más en la que sí le corresponde y se la sacan”, concluyó.
