Un hombre fue imputado por abuso sexual agravado contra una joven con retraso madurativo. La defensa intentó archivar el caso argumentando el paso del tiempo, pero el Tribunal desestimó el pedido y dictó una prohibición absoluta de acercamiento.
Un complejo caso judicial avanza en la Cuarta Circunscripción Judicial luego de que la Justicia rechazara el sobreseimiento de un acusado por extinción de la acción penal (prescripción) y formalizara la Investigación Fiscal Preparatoria. La causa involucra el abuso sexual agravado por acceso carnal, en contexto de violencia de género, contra una víctima que padece un retraso madurativo leve. Para resguardar a las personas involucradas, sus identidades se mantienen en estricta reserva.
El expediente se inició el 18 de marzo de 2024 tras la denuncia radicada en la Comisaría de Victorica por la madre de la víctima. Según relató, encontró a su hija (actualmente de 33 años) inmersa en una crisis de llanto, momento en el que le confesó haber sido abusada. El hecho, según la denuncia, habría ocurrido cuando la joven tenía 18 años, en un baño contiguo a un taller ubicado en la parte trasera del terreno donde reside la familia del imputado.
El debate por la prescripción de la causa
El punto de inflexión en este legajo judicial fue el tiempo transcurrido. Debido a que pasaron 15 años entre el momento del presunto abuso y la radicación de la denuncia, la defensa del acusado solicitó el sobreseimiento por la extinción de la acción penal, argumentando que los plazos legales para investigar y juzgar el delito se encontraban vencidos.
No obstante, el Tribunal rechazó este planteo de prescripción —apoyándose en el estado de vulnerabilidad y la discapacidad de la víctima que le impidió denunciar antes—, lo que permitió reactivar y formalizar el proceso contra el presunto agresor.
Si bien en abril de 2024 el Ministerio Público Fiscal había dispuesto inicialmente el archivo de las actuaciones, en julio del mismo año y tras incorporar nuevos testimonios, la fiscalía procedió a la reapertura de la investigación.
Cámara Gesell y evaluación psicológica
En septiembre de 2024 se llevó a cabo una pericia psicológica. En su declaración, la víctima narró los hechos indicando que el acusado la llevó por la fuerza al baño, donde se consumó el abuso.
Los informes periciales detallaron que la joven presenta un diagnóstico de retraso mental leve. El profesional interviniente remarcó que las dificultades de la víctima para ofrecer precisiones temporales o de contexto se deben estrictamente a su condición madurativa y no al hecho en sí. De hecho, el informe subraya que “no se evidencian contradicciones en el núcleo central del relato”.
Imputación y medidas restrictivas
En la reciente audiencia de formalización, la Justicia imputó al acusado en carácter de autor del delito. El Juez de Control, receptando la gravedad del caso, ordenó medidas restrictivas contundentes.
Aunque originalmente se dictó la prisión preventiva, la misma fue sustituida por una “prohibición absoluta de acercamiento y contacto” hacia la víctima y su domicilio por un plazo de 45 días. El imputado tiene terminantemente prohibido contactarla en persona, a través de tecnología o de terceros, bajo apercibimiento de detención inmediata.
Finalmente, se dispuso la realización de un examen mental obligatorio para el imputado y se aceptó formalmente a la víctima como querellante particular en la causa, bajo el patrocinio de un abogado y la asistencia directa de su progenitora.