El diputado nacional por La Pampa, Ariel Rauschenberger, alertó sobre una propuesta del Gobierno Nacional dentro del Proyecto de Presupuesto 2026 que busca eliminar la garantía legal de las tarifas diferenciales para el gas en la denominada Zona Fría, dejando la decisión sujeta a la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.
Mediante un comunicado, el legislador pampeano explicó que la iniciativa oficial modificaría la ley vigente que establece descuentos significativos en las facturas de gas para varias regiones del país, incluyendo a La Pampa.
Actualmente, la ley garantiza un descuento del 50% sobre los cuadros tarifarios plenos en las zonas tradicionalmente cubiertas como la Patagonia, Malargüe y la Puna. Para las nuevas regiones que se incorporaron en 2021, como es el caso de nuestra provincia, el descuento general es del 30%.
Además, dentro de estas nuevas zonas, los usuarios considerados vulnerables —jubilados, electrodependientes, comedores comunitarios, excombatientes y desocupados, entre otros— acceden a un cuadro tarifario con un descuento equivalente al 50%, un beneficio crucial para miles de familias pampeanas.
Según advirtió Rauschenberger, la reforma que impulsa el gobierno eliminaría de la ley tanto las “nuevas zonas” como los porcentajes de descuento establecidos. En su lugar, la aplicación de cualquier beneficio pasaría a depender de una “decisión política sujeta a la regla fiscal de ‘equilibrio’, que prioriza pagar deuda y sostener la especulación financiera”.
Otro punto crítico señalado por el diputado es el recorte de los recursos del Fondo Fiduciario que financia estos subsidios. La propuesta gubernamental busca excluir a las exportaciones del recargo del 7,5% sobre el precio del gas, lo que reduciría drásticamente el financiamiento del fondo. Esta situación, según Rauschenberger, “abre la puerta a nuevas subas en las facturas, como ya ocurrió en los últimos dos años”.
En síntesis, la advertencia del legislador pampeano se centra en que la medida vaciaría el fondo de financiamiento, eliminaría la protección legal que hoy tienen los usuarios y dejaría en manos del Poder Ejecutivo la continuidad del beneficio, “con el riesgo que esto significa” para los habitantes de las zonas más frías del país.
