El Superior Tribunal de Justicia (STJ) de La Pampa, a través de su Sala B, declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la defensa de Guillermo Federico Ander Egg Zamboni, condenado por el delito de supresión del estado civil y de la identidad (art. 138 del Código Penal). Esta decisión confirma la resolución del Tribunal de Impugnación Penal (TIP) y, en última instancia, la sentencia de la Audiencia de Juicio de la II Circunscripción Judicial.
Una condena en suspenso
El proceso contra Ander Egg Zamboni surgió a raíz de la cremación de los restos de familiares, entre ellos quienes en vida fueran los padres del testador, a fin de impedir la realización de pruebas de ADN solicitadas por un denunciante —Darío Oscar Alomar— que afirmaba ser hijo de una de las personas fallecidas. Dicho trámite, según se estableció en la causa, habría vulnerado potencialmente el derecho de Alomar a probar su filiación.
Tras las instancias de debate y apelación, Ander Egg Zamboni fue condenado a 3 años de prisión en suspenso.
El foco de la polémica: la incorporación de pruebas
La defensa del acusado, a cargo del Dr. Rodrigo A. Villa, planteó que las garantías del debido proceso —específicamente, el derecho de interrogar testigos y a controlar la evidencia— habían sido vulneradas. Fundamentó sus argumentos en jurisprudencia nacional e internacional (como el caso “Benítez” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otros), al sostener que se incorporaron informes y documentos por lectura, sin la posibilidad de un contrainterrogatorio efectivo.
Además, cuestionó la forma en que ingresaron al debate ciertos registros, como los cruces de llamadas, los informes del cementerio y documentos notariales, argumentando que eran meros instrumentos que no contaron con el respaldo de un “testigo idóneo” que pudiera ser examinado. Según la defensa, esto habría configurado una vulneración de los artículos 8.2.f de la Convención Americana de Derechos Humanos y 14.3.e del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
La decisión del Superior Tribunal
Pese a los planteos defensivos, el Superior Tribunal consideró que la cuestión ya había sido evaluada por el Tribunal de Impugnación Penal y que la incorporación de dicha documentación era válida según las normas del Código Procesal Penal (en particular, los artículos 321 y 330). Para la Sala B, no se configuró la supuesta indefensión alegada, ya que la defensa tuvo acceso previo a los elementos cuestionados y hasta llegó a adherir a algunos de ellos en la etapa de ofrecimiento de prueba.
El STJ entendió que la integración de estos documentos se realizó conforme a Derecho, sin obstaculizar la posibilidad de la defensa de contradecirlos o de ofrecer elementos de prueba en sentido contrario. Por lo tanto, no advirtió vulneración a garantías constitucionales ni existió omisión de respuesta a los cuestionamientos planteados.
Un fallo con impacto en la litigación penal
Con la declaración de “inadmisible” del recurso de casación, el Superior Tribunal ratifica la condena de 3 años de prisión en suspenso para Ander Egg Zamboni, cerrando así el proceso en la esfera local.
Si bien la defensa insistió en la necesidad de producir los elementos de cargo ante testigos, el STJ enfatizó que la incorporación de documentos —como informes telefónicos o actas notariales— puede ser admisible sin violar las garantías si se cumplen los requisitos procesales.
Por el momento, Guillermo Federico Ander Egg Zamboni continuará en libertad, aunque con una condena en suspenso que queda firme al agotarse las vías recursivas a nivel provincial, a menos que la defensa decida acudir a la Corte Suprema de la Nación en un eventual recurso extraordinario federal.
