Ayer se reunió el jurado de enjuiciamiento que analiza las denuncias contra la jueza de familia y la asesora de niñez y adolescencia por sus actuaciones en el caso Lucio Dupuy. Las profesionales Ana Clara Pérez Ballester y Elisa Catán declararon ante el jury, que pasó a un cuarto intermedio hasta el 19 de septiembre. El abogado defensor de la jueza, Pablo Rodríguez Salto, brindó detalles de la declaración.
En diálogo con InfoPico Radio 99.9, el abogado defensor de la jueza de menores reveló que Pérez Ballester estuvo declarando por alrededor de una hora frente al jurado de enjuiciamiento, que está compuesto por jueces, diputados y abogados, donde también se le realizaron preguntas que la jueza respondió.
Luego, el jury pasó a un cuarto intermedio hasta el martes 19 de septiembre, cuando continuará el proceso: “fue una suerte de ante juicio, donde ahora deberán decidir si hay elementos al menos suficientes para que se llegue a un juicio, y si es así, tampoco quiere decir que es culpable de algo, simplemente se decide si hay debate o no”, explicó el letrado.
Rodríguez Salto dio detalles de la declaración y aseguró que Pérez Ballester “dio la versión de lo que sucedió sobre la base de los expedientes que demuestran las actuaciones de ambas funcionarias en los procesos que involucraron a Lucio Dupuy. Básicamente, se explicó que cuando se le otorgó la tutela del menor a la tía, se basó en problemas meramente económicos y de falta de vivienda por parte de la madre y que el niño permaneció en ese hogar durante un poco más de un año hasta que la madre reclamó la restitución o el otorgamiento de los cuidados personales, que venía teniendo ella desde la separación de la madre y el padre del menor: en el pedido de restitución, la progenitora argumentó que ya no tenía problemas económicos y que tenía una casa para vivir con su hijo”.
La jueza continuó explicando que “las partes presentan un acuerdo (la madre y la tía junto a sus respectivas abogadas) ratificando que los problemas de la madre para criar a su hijo ya se habían solucionado y que el niño, que ya estaba viviendo hacía dos meses con ella, iba a permanecer en esa situación y que, por lo tanto, se dejaba sin efecto el proceso de tutela: eso fue presentado a la jueza”, sostuvo el abogado y subrayó que “no había ninguna denuncia, ni manifestación alguna, sobre algún trato violento de parte de la madre o su entorno”.
“Cuando la jueza tiene en su poder el convenio, en noviembre de 2020, le da vista a la asesora de menores, como es normal y habitual en el 100 % de los casos de convenios que se presentan a homologar, salvo que existan indicios de que las partes están haciendo algo forzado o situación de riesgo, los convenios se homologan y eso es lo que sucedió”, agregó el abogado de la jueza en el programa “La Redacción”.
“El niño permaneció con su mamá, sin que se conozca ningún hecho de violencia hasta ya entrado el año 2021, mucho después de que la jueza ya había terminado toda su actuación y no tenía absolutamente ninguna obligación procesal ni legal de hacer nada más: lo que ocurrió en ese año no se le puede atribuir bajo ningún aspecto a la jueza”, resaltó Rodríguez Salto que repitió que “nunca hubo ningún contacto ni reunión entre la familia paterna del menor y la jueza durante el proceso: nadie fue al Juzgado a denunciar nada”.
Rodriguez Salto sobre la declaración en el Jury de la jueza Pérez Ballester.
El abogado defensor, ante la consulta de la aparición o no de nueva documentación del caso, reveló que “no se presentó absolutamente nada nuevo de ninguna de las partes”.
“La declaración frente al jury fue de una persona que no tiene nada que esconder y que explicó por qué hizo lo que hizo: es irracional atribuirle a la jueza algo que iba a ocurrir más de un año después”, recalcó el abogado.
