El defensor de los derechos de la niñez y la adolescencia Juan Pablo Meaca dialogó con INFOPICO RADIO 99.9 acerca de cómo la pandemia profundizó las vulneraciones sobre niños y niñas.
El marco de pandemia es un marco que claramente ninguno de los actores institucionales, estatales o privados podía prever o podía analizar como estrategia de intervención, lo cual quiere decir que el día que decretaron la pandemia, no solo en nuestro país, sino en el mundo, todo los equipos que de alguna forma intervienen en el caso específico de niños, tuvimos que adaptarnos a la situación. La primera cuestión de adaptación es que todo el sistema de protección de niños funcione en el marco de que uno tiene un montón de actores estatales, maestros, médicos, trabajadores sociales que están en contacto permanente con los chicos.
El defensor sostuvo que muchas de las situaciones que se atienden, de las denuncias que se realizan o de las observaciones que se van haciendo en virtud del contacto diario se perdió automáticamente, ya que hace un año que no tenemos un contacto estrecho de todos los actores sociales con un niño. Esto implico dos cuestiones: por un lado la modificación en la intervención y por el otro la problemática social existente más importante, y que decanta en todas las otras vulneraciones, es la situación de pobreza y exigencia que se vio agravada potencialmente por la pandemia. Es por esto que entendiendo el contexto fue necesario modificar todas las estrategias de acompañamiento.
En el caso de la cuestión alimentaria, la cual se garantiza a través de escuelas y comedores o distintos dispositivos que tienen cada una de las localidades, provincias o incluso el país para acompañar el proceso de pobreza e indigencia tuvo que ser modificado “de un día para el otro”. No todas las provincias lograron responder a este tipo de cuestiones es por esto que ante la ausencia de este tipo de prestaciones debieron empezar a resolver la cuestión alimentaria que antes se prestaba en un lugar en cientos de domicilios.
Según Meaca la pandemia generó que muchas de las cuestiones, sobre todo las vulneraciones que sufren los niños y niñas, se hayan hecho cada vez más complejas y se haya profundizado la pobreza, cuestiones que junto a UNICEF y a varios organismos nacionales acompañan y miden.
“Los sectores sociales que se vieron más afectados por la cuestión de la pandemia son aquellos que no tienen un ingreso regular, es entonces que al no poder salir a trabajar, hacer changas o participar en un trabajo se vino abajo ese ingreso y ese sector social entro también en situación de pobreza”. La cuestión de pobreza e indigencia no se ve solo en La Pampa es una cuestión general en todo el país. La Pampa participa de un foro latinoamericano donde participan organismos y organizaciones sociales, operadores de territorio y todos concuerdan con que es una problemática que repercutió en toda Latinoamérica.
La provincia de La Pampa cuenta con estrategias para llegar a los núcleos familiares ya que desde el comienzo de la pandemia recibimos demandas sociales. Una de las estrategias con las que cuenta la provincia desde hace algunos años es la de garantizar asistencia para que aquellas familias que se encuentran afectadas por el desalojo y quedan en situación de calle, fueron programas que explotaron debido a la problemática de desalojos de este año. Esto implico que el Ministerio de Desarrollo Social nos acompañe con un incremento monetario para poder garantizarle a las familias que puedan alquilar y que la justicia haya tenido la paciencia para comprender que los procesos se hicieron mucho más complejos y largos por la dificultad económica.
Otro tema que preocupo durante la pandemia tiene que ver con el incremento en el número de adolescentes que intervienen en actividades delictivas utilizando incluso armas de fuego. Este año la provincia de La Pampa presento un proyecto que fue trabajado en la gestión anterior con actores de la justicia, actores sociales, actores del poder ejecutivo y actores del consejo de niñez es un proyecto de procedimiento penal juvenil que otorga herramientas al Estado y a la justicia para trabajar con adolescentes. La forma de resolver la cuestión delictiva es cortarla cuando se empieza a iniciar en la adolescencia. El Estado tiene respuestas para ese adolescente, garantizándole la reinserción en la sociedad, en el ámbito educativo y otorgándole una capacitación laboral para poder resolver a largo plazo el tema delictivo. Meaca sostuvo que si se interviene eficazmente cuando comienzan las primeras situaciones de hurtos chicos se puede resolver, de caso contrario la situaciones empiezan a volver más complejas.
Meaca afirmo que otro de los temas planteados en la Cámara de Diputados es a nivel nacional y tiene que ver con que no existe una ley penal juvenil. La ley vigente es de los años 70 y no se puede aplicar hoy en día, por lo tanto el sistema penal para adolescentes está en el aire. Las grandes discusiones que se producen en los medios de comunicación son en realidad discusiones que no tienen una base, porque es un tema que debe plantearse en el Congreso de la Nacían con una ley, y en virtud de esa ley el panorama se vuelve más claro para trabajar con adolescentes.
Si bien no hay que asociarlo directamente cuando la situación social se vuelve más compleja y el 60% de los niños en situación de pobreza claramente se ve un aumento en la situación delictiva y en la tendencia de utilizar a niños, niñas y adolescentes en hechos delictivos, tráfico de drogas o robos. Es por esto que planteo que es necesario la creación de leyes para dar herramientas de intervención para que no existan esas situaciones de vulneración y los jóvenes no sean captados para cometer hechos delictivos.
En cuanto a la baja de la edad de imputabilidad Meaca afirmo que la posibilidad de bajar la edad se encuentra “técnicamente prohibida por la Constitución”, cuando firmamos hace 30 años la convención de los derechos del niño, uno de los principios tenía que ver con la no regresividad, es decir, que el piso de derechos no puede bajarse para vulnerarse más aun los derechos de los niños y adolescentes. La edad, técnica e institucionalmente no se puede bajar. Es además una excusa ya que la ley permite hacer mil intervenciones ante hechos en los que participan menores de edad, lo único que implica el tema de la baja es que no puedas privar de libertad en una cárcel.
Hay que tener una ley penal juvenil que establezca que bajo los 16 años intervienen los organismos de niñez administrativos a los fines de evitar estas situaciones. El planteo de bajar o no bajar la edad siempre traba la discusión de fondo, que en este caso es la política pública que debe tener el Estado para darle una respuesta a todos, para garantizarle también a la sociedad que no le va a pasar nada. Contar con operadores territoriales, trabajadores sociales, recursos y otras herramientas que permitan intervenir para que ese joven no cometa más hechos delictivos.
Hay 300 chicos que están privados de la libertad con menos de 16 años. Es privación de libertad no resuelve nada, al contrario, agrava la situación. La tasa de reincidencia de chicos que han pasado por correccionales de menores es del 80%. Esa respuesta no está resolviendo el tema. En el caso de la provincia de La Pampa la cuestión penal es mínima, frente a situaciones los jóvenes tienen respuesta inmediata y cuentan con múltiples intervenciones de niñez y por parte de la defensoría, esto sucede debido a que tenemos un sistema más chico. La cantidad de chicos que por año tienen una causa es mínima.
