El fiscal de la causa pidió la medida de prueba después de que la autopsia revelara que tenía lesiones internas que no fueron advertidas.
El 23 de junio del año pasado el músico Eduardo Martínez protagonizó en calle 4 entre 105 y 107 un altercado con un adolescente, con el que tenía “problemas de vieja data”. Producto de la pelea la víctima recibió varias heridas cortantes en la zona del abdomen, por lo que fue asistida por personal del SEM, que lo llevó a la Guardia del hospital Centeno. En el centro de salud consideraron que las lesiones eran menores, por lo que requería solo cuidados mínimos y lo dieron de alta. Seis días después, el vecino se descompensó en su casa, fue llevado otra vez al centro de salud y allí falleció a las pocas horas.
En un primer momento se formalizó al atacante, Federico Inchaurrondo, por el delito de “lesiones leves”, pero tras el fallecimiento de Martínez se modificó la caratula a “homicidio en grado de tentativa” y se le dictó la preventiva. La “tentativa” fue la figura elegida por el fiscal Guillermo Komarofsky, ya que todavía tenía que determinar fehacientemente si la muerte del hombre de 58 años fue consecuencia directa de las lesiones o tuvo incidencia la atención médica que recibió.
Como los dos médicos forenses de la Segunda Circunscripción tenían vínculos con los profesionales involucrados en el caso, ya sea por trabajar juntos en salud pública o el sector privado, el investigador requirió que la autopsia la realizara un forense de la Primera Circunscripción Judicial. Fue así que la pericia la llevó a cabo el doctor Juan José Sansón, quien en su informe preliminar indicó que el cuerpo presentaba lesiones punzantes en cuatro órganos, algo que no había sido advertido en el nosocomio piquense.
Con la nueva información, el representante del Ministerio Público Fiscal tomó declaración a dos médicos cirujanos y dos médicos clínicos que atendieron a Martínez. Le dio la posibilidad a sus representantes legares para que propusieran puntos de pericia, pero estos eligieron no hacerlo.
A través de un oficio gestionado ante la jueza de control Jimena Cardozo, se solicitó la Oficina Judicial que solicitara al Cuerpo Médico Forense de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analice el material probatorio reunido a fin de determinar si efectivamente hubo o no una negligencia o impericia de parte de parte de los profesionales. Actualmente se espera la notificación de la fecha para el inicio de la pericia.
Del resultado de los especialistas de la SCJN dependerá el destino de la causa. Si consideran que no hubo incidencia en el deceso de parte de los médicos, entonces Inchaurrondo deberá enfrentar una causa por “homicidio simple”. En cambio, si se termina que hubo responsabilidad de los doctores, entonces podrían ser imputados por “homicidio culposo” y el detenido mantendría la “tentativa de homicidio”.