La causa por el asalto a mano armada al ex jefe comunal de Intendente Alvear, Eduardo Pepa, irá a juicio en los próximos meses.
En el mediodía de hoy, en la Sala de Audiencias N° 1 del Palacio de Tribunales de General Pico, los defensores particulares Abel Tanus Mafud y Pablo Rodríguez Salto solicitaron que se beneficie con la suspensión de juicio a prueba a Claudio Maldonado y Claudio García, quienes están imputados por el asalto que sufrió la esposa y las hijas de Eduardo Pepa el 15 de octubre de 2013, en su vivienda de Intendente Alvear.
En el caso de Maldonado, su asesor ofreció como reparación del daño causado el pago de $ 1000, en diez cuotas de $ 100. En cuanto a García, se ofreció la posibilidad de hacer trabajos comunitarios, o subsidiariamente hacer un pago de $ 5000.
La fiscal Ana Laura Ruffini manifestó que los damnificados expresaron su negativa a la resolución alternativa y sentó posición en contra del otorgamiento de la probation, considerando que se trató de un hecho de suma gravedad y que causó conmoción social.
Además, consideró este instituto fue creado para descomprimir los juzgados de causas leves, mientras que el hecho que sufrieron los Pepa fue grave, cometido una banda organizada, que realizó labores de inteligencia previa, que actuó con armas y privó de su libertad a las víctimas. Agregó que a García ya le fue otorgada una probation, la cual culminó en diciembre de 2011, por lo que no pasaron los 8 años que establece el Código Procesal Penal para un nuevo otorgamiento del beneficio.
Finalmente, afirmó que las reparaciones propuestas son irrisorias, teniendo en cuenta que los asaltantes se llevaron en el hecho la suma de $ 2.500, U$S 31.000 y varias alhajas de oro.
Después de evaluar los requerimientos en un cuarto intermedio, el juez de audiencia Florentino Rubio rechazó los pedidos de la Defensa, valiéndose de los argumentos de la Fiscalía.
Hay que recordar que la acusación formal contra García, Maldonado y Juan Manuel Torancio (quien actualmente cumple condena por otro causa) fue presentada hace dos años, pero los defensores agotaron todas las instancias recursivas y esto retrasó la realización de un eventual debate oral y público. Ahora todo estaría dado para que el juicio se desarrolle, pero ello demandaría algunos meses ya que la Oficina Judicial deberá programar la audiencia de ofrecimiento de pruebas, sortear al juez interviniente y fijar fecha para las audiencias de acuerdo a la agenda del magistrado.
