Lo afirmó el defensor de los acusados, a días de que se conozca la sentencia en su contra.
El abogado defensor de tres de los cuatro acusados sostuvo que no hay pruebas para condenarlos a y que, de tener un fallo adverso recurrirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Denunció irregularidades en el proceso y cargó contra David Bravo, ex intendente de 25 de Mayo.
Omar Gebruers, abogado defensor de tres de los cuatro docentes acusados por presuntos abusos sexuales en el JIN 12 de 25 de Mayo dijo a Plan B Noticias que no hay pruebas de los delitos pero que la fiscalía ya tiene una posición tomada al respecto.
Afirmó que esperarán la sentencia y de ser necesario recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de tener un fallo adverso. Para Gebruers, además de la falta de pruebas, hubo muchas y graves irregularidades en todo el proceso judicial. También criticó al ex intedente de 25 de Mayo, David Bravo a quien acusó de ser el impulsor de esta causa para desviar la atención sobre su persona.
Gebruers se refirió al juicio y dijo que se desarrolló con normalidad. “Pero tengo la impresión que hay un prejuzgamiento y una decisión que estaba tomada desde el primer día. De cualquier manera, hay que aguardar la lectura de la sentencia, pero en realidad, creo que el sistema judicial pampeano se puso al servicio del Poder Ejecutivo”, dijo.
—¿Y eso qué quiere decir?
—Como dije desde un principio, esta causa fue armada luego de que el intendente David Bravo se encontrara encerrado por todas las denuncias de corrupción que tenía en su contra y para tratar de lograr la reelección y mantener su estado de libertad, generó esta causa que, en alguna parte consiguió su objetivo, ya que termino su mandato y no fue imputado por un montón de causas que tenía en marcha.
Gebruers agregó que tampoco avanzaron otras causas que tenía Bravo. “En una estaba al borde de ser retenido. No logró la reelección, pero sí terminó su mandato”, acusó.
–-¿Los testigos y Cámara Gesell no van en contra de tus defendidos?
–-No, al contrario. La licenciada Carretero, que fue la perito psicóloga forense de oficio que intervino en todas las Cámaras de sus padres, dijo que ninguno de los chicos confirmó el relato de sus padres y las denuncias hechas por los padres.
Para Gebruers, no hay testimonios directos que acrediten la existencia de delitos en la causa y dijo que llevará el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. “Hay importantes deficiencias en la investigación en generar, que hemos ido marcando. Durante todo el debate nos acompañó la doctora Ana Harren de Capital, que es la profesional que nos acompaña a la Comisión Interamericana, en todos los casos que tenemos allá”, dijo.
“Hay una serie de irregularidades, como por ejemplo un empleado administrativo con título de abogado que se presentaba como Procurador en 25 de Mayo e iba a indagar a las personas a sus domicilios, siendo que era solo un simple empleado y no tenía facultades de fiscal y mucho menos de Procurador”, dijo.
“También, esta misma persona dijo que un secuestro de elementos había dado resultados positivos y cuando se hicieron los análisis de ADN dio negativo, pero ya había generado expectativas”, criticó.
“Además, se instruyó a los padres sobre los síntomas que tenían que tener los chicos para demostrar que habían sido abusados y se les distribuyó un volante, donde estaban esos síntomas escritos en un orden determinado y así los describieron, en el orden que estaba en el volante, en un panfleto elaborado por la fiscalía, por un psicólogo que trabaja en Atención a la víctima que dijo que no habían sido probados los abusos desde lo jurídico, pero sí desde lo psicológico”, acusó.
“También una médica forense que certificó las lesiones en los niños y dijo en el juicio que el ano es un órgano genital y se utilizaron ginecólogos para analizar analmente a los chicos varones, porque decían que no tenían médicos especializados en el colon. Todas estas cosas nos dejan muchas puertas abiertas, pero además, la certeza de que no hay pruebas de que se haya cometido delito alguno”, dijo Gebruers.
Como se recordará, Omar Gebruers es el abogado de Marcelo Tatavitto Roade (54 años), María José Tello (30) y María Angélica Bastías (34), tres de los acusados por supuestos abusos sexuales que se habrían cometido contra seis alumnos del Jardín de Infantes N° 12 de 25 de Mayo en 2014 y 2015 en el baño de la Coordinación Secundario Zona Sur, en el edificio de la Escuela Especial N° 10– y en una chacra que es propiedad del primero de Taravito.