El asesor Letrado de Gobierno, Alejandro Gigena, ratificó que “se viene registrando desde el principio un incumplimiento de los plazos contractuales”-
Desestimó los argumentos de la empresa para justificar los retrasos: “dicen que fueron por las devaluaciones de enero de 2014 y diciembre de 2015, pero en enero de 2014 la obra no había sido adjudicada y cuando se le dio la extensión del plazo, el 30 de junio de 2015, no requirió ni dejó expresada la necesidad de modificar el monto de la obra”.
El asesor explicó que el contrato tiene un sistema de redeterminación de precios “que en principio debería ir ajustando los precios en la medida que se van modificando los precios originales del contrato, con lo cual no había posibilidad de justificar el atraso en el marco de la excusa dada por la empresa. El incumplimiento era por parte de la contratista”.
Además, aclaró que el Gobierno Provincial no podía renegociar los montos con la UTE porque la ley no lo permite. “No existe posibilidad de renegociación en el marco del contrato y de la ley porque el sistema de redeterminación de precios prevé la posibilidad de aumento de precio del contrato en tanto haya modificaciones probadas de los insumos del contrato, no por encima de eso” enfatizó.
Más adelante, Gigena indicó que, atento a que la decisión de rescindir el contrato se tomó a partir los incumplimientos en los que incurrió la empresa, es ésta la que deberá pagar la diferencias entre el viejo y el nuevo contrato y no el Gobierno Provincial: “la Ley de Obras Públicas expresamente prevé que si producto de la rescisión, por culpa del contratista, un nuevo contrato en las mismas condiciones del contrato original tiene más costo, la empresa responsable de la rescisión se hace cargo de la diferencia entre el contrato nuevo y el original”, afirmó.
Robledo
El presidente de la Comisión de Obras Públicas de la Legislatura Provincial y secretario de la UOCRA, Roberto Robledo expresó su preocupación “porque cuando las empresas toman la responsabilidad de llevar adelante una obra, no es solamente la obra sino la continuidad de los puestos de trabajo. Esto que está ocurriendo con la rescisión del contrato afecta a un sector importante de familias que dependían del trabajo que la empresa brindaba”.
El diputado señaló que “entendemos como sector, que una empresa que está atendiendo a 300 trabajadores y empieza a menguar la cantidad de trabajadores indudablemente las certificaciones cada vez van a ser menores” y dijo que la medida adoptada por el Gobierno Provincial fue “la que corresponde ante una empresa que había quedado con 10 trabajadores y que indudablemente entraba en una situación difícil para los propios trabajadores, para la Provincia que necesita de esa obra para la salud de los pampeanos y a su vez el propio Sindicato que se encuentra en medio del conflicto”.