Lo afirmó el presidente del Colegio de Abogados, quien hoy se reunió con el jefe anticorrupción de Santa Fe y un diputado provincial.
El presidente del Colegio de Abogados, Adrián Alberto Sánchez, y su vicepresidente, Leonardo Ananía, recibieron en la sede de la institución al titular de la oficina Anticorrupción y Transparencia de la provincia de Santa Fe, Paulo Friguglietti, y al diputado provincial Luis Solana.
La reunión trascendió en mucho el marco protocolar y se internó en temáticas como la mediación judicial, la designación de jueces y funcionarios judiciales a través del Consejo de la Magistratura, la situación de las víctimas de delitos penales y un conjunto de temas que se reconocieron comunes a ambas provincias.
“Los abogados de La Pampa se hacen eco de los reclamos sociales, que se centran sobre todo en los delitos con violencia en domicilios a personas desvalidas no solo en ciudades, sino en localidades donde estos hechos eran desconocidos. La creciente violencia de género y el flagelo de la droga que provoca desde asaltos en comercios de barrios hasta golpiza y robo a adolescentes en lugares públicos, como así también el desplazamiento del ámbito penal de ilícitos de esa naturaleza con la excusa que configuran incumplimientos contractuales. Ante esto, como ante los demás reclamos fundados y constatables, la entidad que los agrupa no puede desentenderse ni lo está haciendo”, dijo Sánchez. Y destacó que en este marco “la víctima de los delitos se siente desprotegida en La Pampa”.
Jornada de reflexión
En ese sentido, el Colegio de Abogados de La Pampa informó que organizó una jornada de reflexión y propuesta para sus matriculados y empezará a recibir, a partir de esta semana, a las asociaciones de víctimas. El primer encuentro será con la Fundación Estrellas Amarillas.
“Ocurre que hay soluciones de fácil implementación, bajo costo y alta eficacia que habrán de ser fundamentadas, difundidas y propuestas para que la decisión política las ponga en práctica o las deseche de cara a la sociedad que, cada vez es menos indiferente, porque se sabe potencialmente víctima. Y está más atenta a que, lo que se le dice que va a ser una solución, realmente funcione como tal”, puntualizaron los dirigentes de los abogados.
El diputado Solana destacó que “vemos con buenos ojos la impronta del Colegio de Abogados, porque es una entidad paraestatal que no se centra solamente en los intereses corporativos sino que está abierta a la sociedad, reconoce los problemas de la Justicia y propone soluciones para mejorar el servicio de justicia”.
Por su parte, Friguglietti explicó cómo funciona el área anticorrupción en Santa Fe, de la que es titular hace ocho años. “Nos enfocamos no sobre el hecho producido, sino que lo hacemos en términos preventivos generando escenarios de transparencia y trabajando sobre el sistema administrativo público con el objetivo de desalentar los incentivos a los actos de corrupción”. El área que preside realiza desde investigaciones hasta reformas en los procedimientos y controles de las oficinas públicas.
Temario judicial
Durante el encuentro entre Sánchez y Ananía con Friguglietti y Solana se habló sobre el sistema de mediación, los auxiliares de la justicia, el costo de acceso a la justicia, la situación del personal, edificios y recursos del Poder Judicial con su eficaz asignación, “sin caer en el error de la desmesura burocrática y el flagelo de la tardanza en la resolución de los conflictos judicializados”.
Así como también el atender la necesidad de que el control judicial de los actos administrativos estatales ilegítimos o arbitrarios pase de ser meramente formal a ser real, reflejándose en las sentencias del fuero que normalmente pasan desapercibidas, lo que, de algún modo, como lo señala la doctrina en la materia, profundiza esa tendencia formalista al no tener costo social inmediato porque si lo tiene mediatamente al promover, tal vez sin esa intención, el autoritarismo, indicaron los abogados.
“Hay que fortalecer, no el sistema de precarización judicial, sino el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, dotándolo de autonomía real, desde lo edilicio hasta lo presupuestario y donde los abogados tengan mayor injerencia en el procedimiento de selección, puesto que son quienes litigan y se relacionan a diario con el servicio de administración de Justicia donde la estabilidad, la objetividad, la imparcialidad y la independencia respecto de todos los poderes públicos y grupos de interés resulta mucho más que una proclama teórica sino que es un requisito de la constitución, tanto como letra lega como de un cuerpo social políticamente consciente. Y en eso, a su modo, los ciudadanos y los abogados lo necesitan y reclaman, y los poderes públicos, por definición, y entienden los dirigentes de los abogados pampeanos, también por propósito e intención, deben concretarlo”, definió Sánchez.