El abogado defensor de Carlos Chamas, quien fuera denunciado por Jorge Tomas por lesiones leves dentro de la Oficina del Consumidor, pidió la prescripción de la causa por lesiones leves que se inició en el año 2012. La medida fue solicitada el martes pasado en los Tribunales piquenses. El juez Diego Ambrogetti deberá resolverla próxima semana.
El Dr. Pablo Rodríguez Salto, explicó que “la acusación es por lesiones leves, el señor Tomás narra que fue agredido fisicamente dentro de la Oficina del Consumidor, allá por el año 2012. La causa no se resolvió aún y estamos bastante lejos de la etapa de debate, si es que se llegara un esa instancia”.
Ante la situación planteó el pasado martes “que debería declararse la extinción de la acción penal, porque está prescripta y porque la acusación fiscal no se realizó dentro del plazo de 90 días que prevé el Código Procesal Penal”.
Recordó que para “este tipo de delito la prescripción se da a los dos años de la comisión del delito, lo que habría ocurrido por marzo de 2014. La Fiscalía entendió que en el caso de Chamas,como es un empleado público, se suspendió al prescripción”.
Peo según su análisis del caso, Chamas “al ser mero empleado y no un funcionario público de jerarquía debe interpretarse que la prescripción sí comenzó a correr y por lo tanto se extinguió la causa”.
El art. 67 del Código Procesal Penal es el que determina que no prescriben aquellas causas donde el acusado tiene un cargo público. ¿Chamas detenta un cargo público o es un empleado? Esa será una de las cuestiones que deberá resolver el juez para fallar.
Rodríguez Salto tomó como argumentación “una interpretación del TIP del año 2008 sostuvo que debiera ser un empleado de cierta jerarquía porque la finalidad de la norma es suspender la prescripcíon cuando la persona acusada puede ejercer cierta influencia en el Poder Judicial u obtaculizar la investigación”.
El tema pone nuevamente en el tapete la cuestión de los plazos procesales, ya que en mayo de este año el Tribunal de Impugnación Penal dio por prescripta una importante causa judicial porque la fiscala que llevaba adelante no había presentado la acusación antes de los 90 días.
La Procuración (órgano del que dependen los fiscales) sostiene que esa medida de tiempo es una sugerencia y no una prescripción, por lo que el conflicto dentro del mismo Poder Judicial se desató. El caso fue impugnado y está a resolución en el Superior Tribunal de Justicia. De aceptarse la prescripción, un cúmulo de causas podrían tener