El organismo de control condenó a una agente de la Policía de La Pampa a abonar $839.000 para reponer su pistola calibre 9 milímetros. La efectivo había solicitado pagar un monto menor argumentando que el arma “era usada” y que al ingresar a la fuerza ya había abonado por su equipamiento, pero el planteo fue desestimado con contundentes fundamentos legales.
A través de la Sentencia Nº 2644, publicada en el Boletín Oficial, el Tribunal de Cuentas de La Pampa dio por concluido un Juicio de Responsabilidad contra una agente de la Policía provincial y le formuló un cargo económico de $839.000 en concepto de perjuicio patrimonial al Estado, tras el extravío o sustracción de su arma de fuego reglamentaria.
El caso se inició luego de un sumario administrativo instruido por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas y la Jefatura de Policía, donde se le atribuyó responsabilidad disciplinaria a la efectivo por la pérdida de una pistola semiautomática marca Bersa, modelo TPR9, calibre 9×19 milímetros con su respectivo cargador.
Al momento de ser notificada sobre el valor de reposición del armamento —tasado por la Jefatura en $839.000—, la mujer policía manifestó su voluntad de pago, pero presentó un escrito solicitando una reducción del monto bajo dos argumentos particulares.
En primer lugar, sostuvo que al ingresar a la fuerza policial ya había abonado el valor del uniforme y de los elementos entregados, entre los que incluía el arma, por lo que entendía que ese costo estaba cubierto. En segundo término, planteó que la pistola sustraída “era usada”, por lo que reclamarle el valor de una nueva vulneraba los principios de razonabilidad y proporcionalidad, configurando un supuesto “enriquecimiento sin causa” para el Estado provincial.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas —con las firmas de su presidenta María Alejandra Mac Allister y el vocal José Carlos Moslares— rechazó de plano ambos cuestionamientos. En el fallo explicaron que el pago inicial que realizan los cadetes responde a recaudos administrativos y de ningún modo traslada la propiedad del armamento al efectivo, ya que el Estado mantiene siempre la titularidad sobre el material provisto para la seguridad pública.
Respecto al estado del arma, los vocales subrayaron que se trata de un bien de adquisición restringida que no se comercializa libremente en el mercado abierto. “No resulta factible ni jurídicamente viable para el Estado adquirir un arma usada en idénticas condiciones de desgaste a la extraviada para garantizar la continuidad del servicio”, remarcaron en los considerandos, añadiendo que debe ser el agente responsable —y no la sociedad— quien soporte el costo de reponer el equipamiento con los estándares actuales de plaza.
Finalmente, tras el rechazo de los planteos, el organismo aceptó la solicitud de financiación de la agente y ordenó a la Contaduría General de la Provincia que le descuente el total de $839.000 en diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $83.900 directamente de su recibo de haberes.
