La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó una modificación transitoria al régimen de fraccionamiento de inmuebles rurales, una medida orientada a solucionar la situación de condominios que durante décadas impidió a pequeños y medianos propietarios dividir legalmente sus tierras. La normativa fue impulsada por el diputado provincial Hipólito “Poli” Altolaguirre a partir de consensos alcanzados entre las distintas bancadas legislativas.
“La política tiene sentido cuando resuelve problemas reales. Hoy estamos dando una respuesta concreta a cientos de familias pampeanas, reconociéndoles plenamente el derecho sobre su propiedad para que puedan seguir invirtiendo, produciendo y trabajando en nuestra tierra”, afirmó Altolaguirre durante la sesión.
El régimen general de la Ley Provincial Nº 468, sancionada en 1973, establece las unidades económicas agrarias y condiciona la división de las parcelas rurales bajo parámetros productivos de hace más de medio siglo. Con el paso de las generaciones, numerosas propiedades quedaron bajo la figura de condominios indivisos; aunque cada integrante administrara una fracción determinada, la normativa impedía la subdivisión formal si las parcelas no alcanzaban las dimensiones mínimas estipuladas, lo que generaba trabas para disponer del patrimonio e incluso motivaba la venta de tierras.
La flamante ley fija una excepción por el término de cinco años que autoriza la subdivisión por debajo de la unidad económica tradicional bajo condiciones específicas: las nuevas parcelas no podrán ser inferiores al 10 % de las magnitudes base establecidas en la normativa provincial, se requerirá la conformidad de la totalidad de los copropietarios, deberán confeccionarse los planos de mensura correspondientes y cada fracción tendrá que garantizar acceso a caminos públicos o servidumbre de paso.
El marco normativo también contempla la creación del Observatorio de la Unidad Económica Agraria para analizar el impacto de la medida y trabajar en una futura actualización integral de la ley. Altolaguirre remarcó el acompañamiento de los bloques FREJUPA, PRO-MID y UCR, y concluyó que la iniciativa otorga seguridad jurídica a las familias pampeanas para ejercer plenamente los derechos sobre su propiedad.
