La Asociación de Defensores, Defensoras y Asesoras y Asesores Públicos de La Pampa expresó su respaldo contundente al reclamo impulsado por el Sindicato de Trabajadores Judiciales (SITRAJ), alertando sobre el grave estado en el que operan las dependencias civiles y penales a lo largo de toda la provincia.
A través de un comunicado oficial firmado por su presidente, Walter Vaccaro, la entidad remarcó que quienes integran la Defensa Pública conviven cotidianamente con la realidad expuesta por el gremio, señalando que los organismos se encuentran funcionando en un estado de “colapso operativo y desgaste extremo”.
Falta de presupuesto y sobrecarga laboral
Desde la asociación enfatizaron que las defensorías representan la primera línea de contención y acceso a la justicia para las familias en situación de mayor vulnerabilidad social. Sin embargo, advirtieron que la apertura de nuevos organismos no ha sido acompañada por las partidas presupuestarias correspondientes.
“La creación de nuevas dependencias sin la correspondiente asignación presupuestaria no hace más que profundizar la precarización. Esta práctica desprotege tanto a los usuarios del servicio como a los equipos de trabajo, que deben absorber un volumen creciente de causas y de demandas humanas complejas sin los recursos humanos mínimos indispensables”, señalaron en el documento.
Impacto en la salud de los trabajadores
El comunicado subraya que la alta exigencia diaria y la atención personalizada a sectores vulnerados repercuten directamente en el bienestar de los empleados del sector. Según indicaron, esta sobrecarga laboral sostenida genera un impacto perjudicial en la salud psicofísica de trabajadoras y trabajadores en circunscripciones clave como General Pico, Santa Rosa y General Acha.
Frente a este escenario, la Asociación de Defensores y Asesores se sumó unánimemente a la denuncia sindical e instó a los órganos decisores a brindar una respuesta estructural a la problemática. “Garantizar la salud y las condiciones de trabajo dignas para quienes integramos la Defensa Pública es condición indispensable para garantizar el derecho humano fundamental de acceso a la justicia de toda la ciudadanía pampeana”, concluyeron.
