La Cámara de Apelaciones de Santa Rosa ratificó un apercibimiento contra la Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales. Un paciente con cáncer de próstata debió gastar casi 10 millones de pesos de su bolsillo por las demoras burocráticas de la entidad. El fallo sienta un fuerte precedente sobre los derechos de los usuarios hipervulnerables.
En un fallo que reafirma los derechos de los pacientes frente a los laberintos administrativos de las obras sociales y prepagas, la Sala 4 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa avaló la actuación de la Dirección General de Defensa del Consumidor de La Pampa y dejó firme una sanción contra una mutual bancaria.
El conflicto expone el calvario de un afiliado diagnosticado con cáncer de próstata. Ante la negativa inicial de la Asociación Mutual del Personal Jerárquico de Bancos Oficiales Nacionales para cubrir sus medicamentos (Apalutamida y Denosumab), el paciente debió presentar un amparo en la Justicia Federal, el cual ganó. Sin embargo, la mutual se tomó más de un mes para efectivizar la entrega, escudándose en trámites internos y de trazabilidad.
Frente al riesgo inminente para su salud, el hombre se vio obligado a comprar los fármacos de manera particular, desembolsando la suma de $9.680.000 para no interrumpir su tratamiento oncológico.
La salud no espera trámites
La entidad de salud intentó defenderse argumentando que había informado “verbalmente” los pasos a seguir, y pidió anular la intervención de Defensa del Consumidor alegando que el paciente ya había iniciado demandas civiles paralelas.
Sin embargo, la jueza de Cámara, María Anahí Brarda, rechazó de plano las excusas de la mutual. En su resolución, la magistrada destacó la figura del “consumidor hipervulnerable”, advirtiendo que, frente a un adulto mayor con una patología oncológica, no alcanza con dar simples indicaciones generales.
“El proveedor debió desplegar una conducta activa de acompañamiento al paciente, implementando ajustes razonables para que la información sea efectivamente comprendida por él”, reza la sentencia, remarcando que esa falta de asistencia fue lo que empujó al paciente a pagar la medicación de su bolsillo.
Finalmente, la Justicia aclaró que la vía administrativa es totalmente válida y compatible con los reclamos judiciales en curso, ya que el Estado tiene el poder y el deber de sancionar de oficio a las empresas que incumplen la Ley de Defensa del Consumidor y maltratan a sus afiliados.
