En un contexto nacional y provincial marcado por diversas tensiones y problemáticas sociales, el Sindicato de Trabajadores de la Educación Pampeana (Si.T.E.P.) emitió un contundente comunicado para visibilizar y repudiar la creciente ola de violencia que atraviesa a las instituciones educativas. Desde el gremio, advirtieron sobre el impacto directo que esta situación tiene sobre los docentes y reclamaron la intervención urgente de las autoridades gubernamentales.
El escrito, difundido bajo el título “Reflexiones sobre las violencias”, traza un paralelismo entre el complejo escenario socioeconómico del país y lo que ocurre diariamente dentro y fuera de las aulas. Según señalaron, la crisis general se refleja en hechos de extrema gravedad que van desde docentes agredidos físicamente y peleas de estudiantes, hasta los recientes episodios de alcance nacional como el trágico crimen de un joven en San Cristóbal y las amenazas de tiroteos que se volvieron virales.
El alarmante panorama en La Pampa
Al hacer foco estrictamente en la realidad de la provincia de La Pampa, el sindicato reveló una situación reciente que genera profunda preocupación en la comunidad. Hace pocos días, se registró una denuncia por una amenaza de muerte dirigida a una docente por parte de una estudiante mayor de edad, quien ya contaba con antecedentes por haber golpeado a otra profesora tiempo atrás.
Ante este delicado escenario, desde el Si.T.E.P. cuestionaron duramente la postura adoptada por la cartera educativa. “La respuesta de las autoridades fue el silencio, e insistir en el derecho social a la educación”, expresaron en el documento. Esta falta de respuestas concretas obligó a la trabajadora a recurrir a la justicia ordinaria para buscar protección física y psicológica, lo que desde el sector gremial consideran “un destrato innecesario que revictimiza a la docente en cuestión”.
Protocolos ineficaces y la exigencia de políticas públicas
El sindicato pampeano hizo hincapié en que, si bien el sistema educativo cuenta con protocolos de actuación y espacios de resguardo para las víctimas, los procedimientos parecen entorpecerse sistemáticamente cuando la persona que denuncia es un trabajador de la educación. En estos casos, aseguran, la mirada suele volverse contra quien expone la situación, ignorando que resulta trágico e inviable trabajar bajo la presión de una amenaza de muerte.
Asimismo, reconocieron la extrema vulnerabilidad de muchas de las personas involucradas, atravesadas por realidades de pobreza y problemáticas de salud mental. Sin embargo, enfatizaron que “negar u ocultar no es el camino”. Advirtieron que el trabajo coordinado entre organismos de asistencia social, salud y educación suele resultar ineficaz y que, de manera recurrente, “se corta el hilo por lo más delgado”, transfiriendo el conflicto de un área a otra sin lograr garantizar un mínimo de convivencia.
Finalmente, el Si.T.E.P. exigió de forma directa al Ministerio de Educación que asuma su responsabilidad indelegable de brindar protección a todo el personal y al alumnado. “No alcanzan los comunicados, la política pública debe enfocar el tema. Tenemos demasiadas víctimas de diferentes tenores para no reconocer el tema como una problemática social; difícil, pero urgente”, concluyó el escrito, enviando un mensaje de solidaridad a todos los trabajadores afectados por estas prácticas violentas.
