Christian Rosso, docente y dirigente del SITEP, describe un panorama educativo provincial atravesado por múltiples conflictos: desde la implementación sin consenso de políticas de inclusión hasta cambios de último momento en las normativas de evaluación, pasando por casos de amenazas a docentes en General Pico.
Educación inclusiva sin rumbo claro
El tema que concentra mayor preocupación es la falta de una normativa unificada para la educación inclusiva en La Pampa. Según Rosso, la provincia avanza en este terreno sin resolución ministerial que ordene el trabajo, lo que genera realidades completamente diferentes según la localidad.
«En Santa Rosa se siguen manejando bajo los criterios anteriores de la normativa inclusiva, mientras que las otras localidades de la provincia se están manejando en otra sintonía», explicó el dirigente. Esta disparidad derivó en la movilización de profesionales en la capital provincial, quienes reclamaron no contra la inclusión en sí misma, sino por las condiciones en que se implementa.
«No se discute la necesidad y el derecho a la inclusión, es una bandera que se sostiene. El tema son después las condiciones, los recursos, la formación, la planificación, y bueno, ahí es donde el Ministerio realmente hace agua»
Rosso graficó la precariedad con un ejemplo concreto: una trabajadora social de Santa Rosa que debe cubrir 30 escuelas. «Decime vos, ¿cómo es posible que un trabajo tan importante pueda abordarse en esas condiciones? Eso multiplicalo a psicólogos, psicólogas y especialistas en distintas discapacidades», cuestionó.
Cambios de normativa sobre la hora
Otro conflicto reciente surgió el 9 de junio, cuando el Ministerio de Educación provincial modificó sobre la fecha límite el sistema de carga de calificaciones del primer trimestre. Los docentes debían subir valoraciones y, de un día para otro, se les exigió cargar números.
«El mismo día que teníamos que cerrar, empezar a cerrar los trimestres con la carga de información, el Ministerio cambia la normativa de manera totalmente irresponsable, fuera de término», manifestó Rosso. Y agregó: «Una falta de respeto al trabajo docente, a la planificación de lo que implica tomarse el trabajo con seriedad».
Amenazas a docentes y violencia escolar
El dirigente del SITEP confirmó que durante la última semana se registraron denuncias graves en General Pico, incluyendo amenazas sobre la integridad de una docente. Desde el gremio anticiparon que llevarán el caso a la agenda pública en solidaridad con la trabajadora agredida.
Rosso criticó la respuesta del Ministerio ante episodios previos de violencia, como las amenazas con carteles en colegios. «El Ministerio no pudo implementar una jornada para hablar realmente y desde una posición crítica, pedagógica, constructiva. Se quedó en la cuestión solamente punitiva», señaló.
«No puede ser la escuela territorio de impunidad. Cuando hablamos de una amenaza, un daño, una cuestión grave, tiene que tener sus responsabilidades y sus penas correspondientes»
Rechazo a la baja de edad de imputabilidad
Consultado sobre la ley penal juvenil que entrará en vigencia en septiembre, Rosso fue categórico: «Es un error. Una sociedad que responsabiliza a los menores con una penalidad mayor no va a encontrar soluciones». El docente sostuvo que el punitivismo no resolverá los problemas de fondo.
«El camino va a ser el más duro, el más trabajoso, que es el de las oportunidades, que es el de la reconstrucción del tejido social en este país», planteó, y cuestionó: «Una sociedad que descarga las responsabilidades en los chicos de lo que no han podido resolver los adultos está teniendo problemas gravísimos».
Paritarias y deterioro salarial
Sobre la última paritaria docente, Rosso reconoció que mantener la negociación paritaria en el contexto nacional es importante, pero aclaró que el resultado no conforma al gremio. «El salario docente y las condiciones de trabajo no representan hoy de ninguna manera algo digno», afirmó.
Desde el SITEP participaron de la mesa intersindical, aunque mantienen una postura crítica respecto del deterioro del poder adquisitivo. «Si bien hay una responsabilidad nacional, tampoco el gobierno de la provincia está revirtiendo esto», advirtió.
Unidad en la lucha, diferencias en la conducción
Consultado sobre la posibilidad de unificar los gremios docentes provinciales, Rosso trazó una línea clara: «Unidad cuando hay que luchar y cuando hay planteos que atender. En defensa del salario, defensa de las condiciones laborales o pedagógicas, nos van a encontrar ahí».
Sin embargo, diferenció esa unidad de acción de la subordinación a decisiones sin consenso: «Para convalidar o hacer de aplaudidores de las definiciones de la patronal sin el acuerdo de los trabajadores de educación en el territorio, no, ahí nos van a encontrar haciendo otras cosas, llevando adelante otra política gremial».
