La provincia de La Pampa enfrenta un fuerte recorte en el financiamiento educativo nacional que afecta principalmente a las escuelas técnicas, los programas de alfabetización y las becas estudiantiles. Marcelo Fraccaro, director de Planeamiento Educativo provincial, advirtió que el gobierno pampeano debe reorganizar su presupuesto de manera constante para sostener servicios que antes financiaba Nación.
El desplome del financiamiento técnico
El golpe más duro recae sobre el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET). La derogación del artículo 52 de la ley 26.058 eliminó la garantía de financiamiento equivalente al 0,2% del presupuesto para educación técnica. En números concretos: la provincia recibió 160 millones de pesos en 2023, que bajaron a 127 millones en 2024 y se anuncian apenas 50 millones para 2025.
“Tenés una reducción del 60% real sumado a la inflación, y no tenemos ni siquiera una resolución respaldatoria”, explicó Fraccaro. El funcionario remarcó que el desfinanciamiento ya se venía dando desde 2023, pero ahora se profundizó sin ningún respaldo legal que garantice los fondos anunciados.
“Habla claramente de un modelo donde la producción, donde la industria nacional y la soberanía tecnológica no está tenida en cuenta”
Programas sin un solo peso
El recorte no se limita a las escuelas técnicas. El programa de alfabetización educativa, que provee formación y materiales directos a las escuelas, tampoco recibió fondos este año. Tampoco hay respuesta sobre la adquisición de libros para estudiantes de 1º, 2º y 3º grado, un compromiso federal que quedó en el aire.
Las Becas Progresar también sufrieron una reducción significativa. La provincia recibe actualmente unas 800 becas para nivel secundario (a partir de los 16 años), pero el monto está congelado desde 2023 y la cantidad de beneficiarios viene disminuyendo por cambios en los criterios de validación.
Educación técnico-profesional sin financiamiento
La Educación Técnico Profesional (ETP) quedó particularmente desprotegida. Los talleres de formación de oficios, las aulas móviles y todo el equipamiento para los planes de mejora no cuentan con fondos nacionales. “Es una formación que está en auge, hay mucha demanda”, subrayó Fraccaro, quien advirtió que el gobierno provincial debe cubrir estos programas para que continúen funcionando.
Desde enero de 2024 tampoco se emitieron pagos para infraestructura, equipamiento tecnológico ni conectividad. La provincia asumió la totalidad de estos gastos, incluidas obras que quedaron suspendidas.
La cuestión de fondo: coparticipación y desequilibrio fiscal
Fraccaro aprovechó para aclarar un punto que genera confusión: los fondos nacionales no son una dádiva, sino una obligación legal. La Ley de Coparticipación Federal establece que impuestos como Ganancias e IVA deben transferirse a las provincias para sostener servicios básicos como educación, salud y seguridad.
“Cada vez que como ciudadanos consumimos desde un caramelo hasta lo que sea, estamos pagando ese impuesto”, explicó. El problema es que la mayor recaudación ocurre a nivel nacional, pero las transferencias a las provincias se vienen achicando sistemáticamente.
El director señaló que esta situación no es exclusiva de La Pampa: todas las provincias del país enfrentan el mismo recorte. La diferencia es que algunas no pueden sostener los programas desde sus arcas provinciales. La Pampa sí lo viene haciendo, pero al costo de reorganizar fondos de manera permanente y sacrificar previsibilidad en el gasto.
Un esfuerzo provincial para sostener la educación
Pese al desfinanciamiento nacional, todas las líneas educativas continúan funcionando en La Pampa gracias al esfuerzo provincial. Fraccaro destacó que el gobierno pampeano realiza “grandes esfuerzos” para que no se debilite la calidad educativa, aunque admitió que la falta de previsibilidad complica la planificación.
“Se vienen sosteniendo todas las líneas en base al financiamiento provincial”, confirmó. Sin embargo, advirtió que la situación requiere revisiones constantes para evitar que el sistema educativo se resienta ante la contracción económica general y la pérdida del poder adquisitivo por inflación.
