La Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió la demanda iniciada por el Gobierno de La Pampa contra el Estado nacional por la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN). En su resolución, el máximo tribunal se declaró competente para intervenir en la causa y emplazó al Gobierno nacional a responder el planteo provincial en un plazo de 60 días.
La decisión representa un avance institucional clave para el reclamo pampeano, ya que formaliza el inicio del proceso judicial. La acción fue promovida en mayo de 2024 por el gobernador Sergio Ziliotto, a través de la Fiscalía de Estado, encabezada por Romina Schmidt, y con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez.
La Pampa presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad para solicitar que los recursos del uno por ciento asignados al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional se integren a la masa de fondos coparticipables. Según la demanda, estos fondos deberían distribuirse de manera automática entre las provincias, conforme a lo que establece la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.
En el escrito, la Provincia sostiene que los ATN pertenecen a las provincias y que el Estado nacional tiene la obligación legal y constitucional de distribuirlos para atender situaciones de emergencia y desequilibrios financieros. La presentación acusa al Gobierno nacional de haberse “apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen” en el actual contexto de crisis, afectando las finanzas provinciales.
Al momento de la presentación del reclamo, en mayo de 2024, el Gobierno nacional retenía cerca de 397 mil millones de pesos correspondientes a las provincias, de los cuales solo había transferido aproximadamente 10.300 millones a unas pocas jurisdicciones. Desde La Pampa se señaló que la última distribución masiva de estos fondos se había realizado en noviembre de 2023, durante la gestión anterior, por un total de 131 mil millones de pesos.
La demanda pampeana también cuestiona un deterioro del federalismo fiscal y una creciente concentración de recursos en el poder central. Se argumenta que la dinámica actual contradice los principios de la reforma constitucional de 1994, que exige una distribución equitativa, solidaria y automática de los recursos coparticipables para garantizar un grado equivalente de desarrollo en todo el país.
Asimismo, el Gobierno provincial afirmó que la asignación de los ATN quedó sujeta a “la discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo Nacional”, sin parámetros objetivos de reparto, lo que vulnera los principios constitucionales. Se advirtió que esta falta de distribución automática limita la capacidad de respuesta de los estados provinciales frente a las demandas sociales, económicas y de infraestructura.
