La Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADePRA) expresó su profunda preocupación institucional por la situación que atraviesa la Defensa Pública en la provincia de La Pampa. A través de un comunicado firmado por su presidente, Adolfo Sánchez Alegre, y su secretario general, Diego Stringa, la entidad alertó sobre la marginación y las asimetrías que sufren los defensores frente a otros operadores de la justicia pampeana.
El reclamo central de la asociación radica en una disparidad que se ha consolidado en los últimos años. Según detallaron en el documento, desde el año 2018 los Ministerios Públicos Fiscales de La Pampa fueron equiparados en jerarquía y condiciones a la magistratura judicial. Sin embargo, denunciaron que la Defensa Pública quedó “injustificadamente marginada de ese proceso”, generando una desigualdad estructural que carece de sustento jurídico e institucional.
En este sentido, desde ADePRA manifestaron que la plena vigencia del Estado de Derecho exige, sin ningún tipo de excepciones, la autonomía y la adecuada jerarquización tanto de los Ministerios Públicos de la Defensa como de las Asesorías de Niñez. “Cualquier desigualdad estructural frente a otros operadores judiciales vulnera principios constitucionales esenciales como la igualdad de armas y el debido proceso”, remarcaron las autoridades.
El impacto en el acceso a la justicia
La entidad también hizo hincapié en las consecuencias sociales que acarrea esta falta de equidad en los recursos. Ratificaron que mantener a una Defensa Pública relegada implica, en los hechos concretos, restringir severamente el acceso a la justicia de los sectores más vulnerables de la sociedad, quienes suelen encontrar en los defensores oficiales su única vía para hacer valer sus derechos fundamentales.
Resulta inadmisible para la asociación sostener esquemas institucionales que perpetúen las asimetrías entre jueces, fiscales y defensores. Por ello, consideraron imperioso que en La Pampa se avance con medidas concretas que logren equiparar a la Defensa Pública, asegurando su independencia y dotándola de todas las herramientas necesarias para cumplir su rol.
“La defensa técnica no es un complemento del proceso penal; constituye una condición indispensable para su validez. Sin defensa efectiva, no hay proceso justo. Sin proceso justo, no hay justicia”, concluyó el contundente comunicado de ADePRA, recordando que defender a este organismo es defender la igualdad ante la ley.
