La Asociación de Defensores y Defensoras de la Justicia Pampeana volvió a poner el foco en lo que define como un colapso operativo de las defensorías. Su presidente, Walter Vaccaro, sostuvo que el reclamo por la autonomía de la defensa pública lleva más de un año sin respuestas concretas y que el desgaste ya golpea de lleno al personal. El debate del presupuesto provincial, en octubre, aparece como la próxima instancia clave.
Un reclamo que se repite y un respaldo sindical
El nuevo comunicado llegó después de que el Sindicato de Trabajadores Judiciales expresara su preocupación por las condiciones laborales del personal de las defensorías. «Hace un año que venimos hablando de lo mismo prácticamente», resumió Vaccaro en diálogo con InfoPico Radio 99.9.
El dirigente contó que en los últimos días mantuvieron reuniones con distintos bloques de la Cámara de Diputados provincial, donde acordaron impulsar el proyecto de autonomía de la defensa pública que ya está en danza. Según indicó, todos los bloques consultados se mostraron de acuerdo con el planteo.
El eje del pedido es concreto: que la defensa deje de depender del presupuesto que administra la Procuración General y maneje partidas propias.
«Es necesario que no dependamos del presupuesto que maneja el procurador y que la defensa tenga su propio presupuesto para las necesidades básicas y para la creación de recursos humanos, sobre todo, que faltan»
Organismos creados sin empleados: el caso de General Pico
Vaccaro apuntó a una práctica que, a su criterio, se repite en la provincia: se crean organismos pero no los cargos necesarios para que funcionen. Puso como ejemplo la Defensoría Civil N° 4 de General Pico, que según su relato quedó en funciones sin un solo empleado asignado.
«Sin que se creen los recursos humanos necesarios para que se trabaje en ese organismo, después colapsan. Obviamente, porque ese funcionario no puede atender a todo el mundo solo», explicó.
A eso sumó los reclamos del personal administrativo, que según detalló abarcan varios frentes:
- Ausencia de una carrera judicial acorde y falta de ascensos.
- Horas extras y bonificaciones que no se liquidan en las defensorías.
- Casos de empleados que, en Santa Rosa, deben prestar servicios en otros organismos del Poder Judicial para poder cobrar esas horas.
«Las horas extras las paga la Procuración, se las paga a los fiscales y no a los defensores. Esa es la realidad», remarcó.
El síndrome del quemado y una propuesta que sigue en el aire
Las palabras que más se repiten en el comunicado son colapso y desgaste. Para Vaccaro, detrás de esos términos hay personas concretas.
El defensor recordó la propuesta que ya había planteado públicamente: otorgar al personal una licencia de uno o dos días por mes para descomprimir. «Ante tanta presión que tienen, la poca cantidad de empleados y la mucha cantidad de gente que va, muchas veces la cabeza se quema», describió, en referencia al burnout o síndrome del quemado.
También reclamó asistencia profesional para los equipos. «Lo que necesitamos, parece, es un psicólogo, una mesa central para atender las situaciones que se están viviendo actualmente», señaló.
Números que marcan la desigualdad
Consultado por la brecha entre acusación y defensa, Vaccaro fue al detalle. En toda la provincia hay 21 fiscales adjuntos, mientras que la Defensa Pública cuenta con 2 defensores en materia penal. En cuanto a prosecretarios, la fiscalía tiene 18 y la defensa, 1.
«Ahí están los números. Es por golear», definió. Y agregó: «Creo que con esos números hay que igualar las cuestiones».
El defensor insistió con el concepto de igualdad de armas dentro del sistema acusatorio. «Los jueces, fiscales y defensores tendrían que estar equiparados», planteó, y remarcó que La Pampa es la única provincia con sistema acusatorio donde esa equiparación no está resuelta.
Sin diálogo con la Procuración
Vaccaro fue tajante al hablar del vínculo institucional con el procurador general: «No nos recibió nunca». Según relató, sí fueron recibidos por el Superior Tribunal de Justicia y, más recientemente, por los bloques legislativos.
El titular de la asociación también cuestionó la dependencia jerárquica de la defensa respecto de la Procuración y recordó un episodio en el que una resolución interna de la defensa fue revocada de inmediato por el procurador. «Tenemos filosofías totalmente distintas. Él está a favor de la víctima, que corresponde. Nosotros también estamos con las víctimas, porque hacemos querellas, pero además estamos del lado del imputado, donde tenemos que garantizarle todos los derechos que tiene», explicó.
La carta sobre la mesa: dejar de firmar juicios abreviados
Sobre los pasos a seguir, Vaccaro diferenció las medidas gremiales —que quedan en manos del sindicato— de las herramientas que tiene la asociación. Y anticipó cuál sería el camino si no hay respuestas.
«Nosotros, como funcionarios, no podemos hacer un paro. Lo que sí podemos hacer, y está dentro de nuestra órbita, es no firmar más juicios abreviados», advirtió.
«Al no firmar juicios abreviados, se va a llegar un momento en que la audiencia de juicio no va a poder hacer todos los juicios, porque va a explotar»
Para el defensor, esa medida no sería solo una herramienta de presión: «Le estamos garantizando al imputado que tenga un juicio justo en una audiencia oral y pública para determinar si es culpable o inocente».
El próximo termómetro será el tratamiento del presupuesto provincial. «Ahí tienen que crearse los cargos necesarios y el personal que haga falta», cerró, aunque adelantó su escepticismo: «Siempre está el pero de que no hay plata».
