Un hombre con múltiples antecedentes fue condenado a dos años de prisión efectiva por golpear y amenazar a su expareja en plena calle. Sin embargo, el fallo destapó un escalofriante historial de torturas, abusos sexuales y encierros que los fiscales increíblemente no habían investigado.
Un fallo judicial emitido en la Segunda Circunscripción Judicial de La Pampa sacudió a la localidad de Quemú Quemú al dejar al descubierto el terrorífico calvario de una mujer víctima de violencia de género, a la par de una notable negligencia institucional. La jueza María José Gianinetto condenó a un hombre de 34 años, a dos años de prisión de cumplimiento efectivo, pero lo más resonante del dictamen fue el duro llamado de atención dirigido al Ministerio Público Fiscal.
El ataque que visibilizó el infierno
El hecho que llevó al acusado al banquillo ocurrió la mañana del 20 de agosto de 2025. La mujer iba en bicicleta hacia su trabajo cuando fue interceptada por su expareja. El hombre la derribó a patadas, la golpeó brutalmente en el suelo y, haciéndole una seña en el cuello, le aseguró que la iba a matar.
No obstante, durante el debate oral y las pericias psicológicas, el testimonio de la mujer desnudó años de un sadismo sistemático. La víctima relató cómo el acusado la quemaba con cigarrillos mientras dormía, la golpeaba con palos de escoba, la encerraba bajo llave obligándola a orinar en tarros y la sometía sexualmente. El hombre logró aislarla por completo, le prohibió ver a su hija y, tras ser detenido, continuó acosándola y extorsionándola telefónicamente desde su celda.
Fuerte crítica a la inacción fiscal
En un pasaje inusual de la sentencia, la jueza Gianinetto evidenció su perplejidad ante la pasividad de la fiscal Montes, quien solo acusó al sujeto por ‘lesiones leves’ y ‘amenazas’, ignorando por completo el resto del horror relatado. “Sorprende que la Fiscalía no haya avanzado en la investigación del resto de los delitos que resultan incluso de mayor gravedad, como abusos sexuales, privación ilegítima de libertad, hurtos y extorsión”, subrayó la magistrada, recordando que el Estado tiene el deber ineludible de actuar de oficio ante estos crímenes.
Frente a este escenario de revictimización e impunidad procesal, la jueza ordenó iniciar de inmediato una nueva investigación judicial por los aberrantes episodios silenciados. A su vez, dispuso la intervención urgente de la Secretaría de la Mujer de la Provincia de La Pampa para asistir integralmente a la víctima, quien actualmente se encuentra en situación de extrema vulnerabilidad.
El agresor, que ya contaba con condenas previas por violencia contra la misma mujer, fue declarado reincidente y continuará tras las rejas, mientras la Justicia pampeana ahora deberá investigar a fondo los años de tortura que estuvieron a punto de quedar impunes.
