En el marco de la conmemoración del 50º Aniversario del último golpe de Estado en Argentina, el Colectivo de Prescindidos Políticos de La Pampa ha solicitado formalmente a la Legislatura Provincial y al gobernador Sergio Ziliotto el tratamiento urgente de un proyecto de ley de reparación económica. La iniciativa está destinada a ex agentes públicos que fueron víctimas de la dictadura.
El proyecto, presentado originalmente hace tres años, busca otorgar una indemnización por única vez al personal de los ámbitos nacional, provincial y municipal que, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, fue cesanteado, exonerado o forzado a renunciar por motivos políticos, ideológicos o gremiales.
Desde el Colectivo destacaron que, si bien el Gobierno de La Pampa implementó en 2022 el Decreto 407/22 que reparó simbólicamente los legajos de más de 500 personas, ahora reclaman “igualdad de trato” con respecto a otras provincias de la región patagónica.
“Hoy, provincias hermanas como Neuquén y Río Negro ya cuentan con leyes de reparación material. La Pampa, siendo pionera en políticas de Derechos Humanos, tiene la oportunidad histórica de saldar esta falta del Estado hacia quienes padecieron la persecución laboral”, expresaron desde la organización.
La propuesta legislativa se fundamenta en recomendaciones emitidas por el Parlamento Patagónico en 2013 y se inspira en modelos de leyes similares ya aplicadas en Mendoza y otras provincias del sur del país. El alcance del proyecto incluye a agentes de todos los niveles del Estado que sufrieron las consecuencias del terrorismo de Estado en territorio pampeano.
El Colectivo subrayó que, aunque el resarcimiento económico no puede revertir el dolor y la discriminación padecida durante esos “años oscuros”, sí representa un “abrazo memorioso y fraterno” por parte de un Estado que busca reparar y asumir su rol como administrador justo y faro moral.
