La Cámara de Apelaciones falló a favor de un contribuyente tras comprobar que el organismo recaudador conocía su dirección real, pero le envió la intimación de pago a una casa donde ya no vivía, privándolo de defenderse.
Un reciente fallo judicial en Santa Rosa le puso un límite a la burocracia estatal. La Sala 3 de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería le dio la razón a un vecino santarroseño y declaró nula una notificación de apremio impulsada por la Dirección General de Rentas (DGR) de La Pampa.
El conflicto comenzó cuando Rentas intentó cobrarle al vecino una deuda por tasas retributivas correspondientes a un juicio por división de bienes. Sin embargo, el mandamiento de ejecución y embargo fue enviado a un domicilio que el hombre no habitaba desde el año 2013. Al no enterarse de la intimación, nunca pudo presentarse para defenderse de la acusación y oponer las excepciones legales que le correspondían.
En un primer momento, el juez de primera instancia respaldó al organismo recaudador, argumentando fríamente que era obligación del ciudadano actualizar formalmente su domicilio fiscal ante la DGR. Sin embargo, la jueza de Cámara, Carina M. Ganuza, decidió revocar esa decisión apelando al sentido común y a los propios registros del Poder Judicial.
La magistrada comprobó que Rentas había intervenido activamente en el juicio original que originó la tasa. En ese mismo expediente, constaba de manera oficial el domicilio real. Además, en el Registro de la Propiedad Inmueble también figuraba esa ubicación.
“La Dirección General de Rentas tuvo expresa participación, no pudiendo desconocer el domicilio real expresamente denunciado”, sentenció Ganuza, descartando la excusa del domicilio fiscal desactualizado.
De esta manera, el fallo vuelve a garantizar el derecho a defensa del ciudadano y condena a la DGR de la Provincia de La Pampa a hacerse cargo de todos los honorarios y gastos legales (costas) de ambas instancias judiciales, dejando un precedente a favor de los contribuyentes frente a la rigidez del Estado.
