El Decreto 1911/2025 pone punto final a más de dos décadas de administración de la denominada “cartera sucia”. Si bien la medida marca el cierre institucional del salvataje que evitó la privatización de la entidad, el monto histórico consolidado y la identidad de los grandes beneficiarios permanecen bajo un manto de confidencialidad.
Con la firma del Decreto N° 1911/2025, el Gobierno de La Pampa ha decidido cerrar administrativamente uno de los capítulos más complejos y onerosos de la historia económica provincial. Se trata de la extinción del Fideicomiso de Administración de Cartera Judicial y Morosa, la herramienta financiera creada hace más de veinte años para sanear al Banco de La Pampa (BLP) y absorber los créditos incobrables que amenazaron su continuidad tras el colapso de la Convertibilidad y las políticas neoliberales de la década de 1990.
La medida no es solo un trámite burocrático; representa el epílogo de un proceso que definió la matriz financiera de la provincia. Lo que comenzó como una decisión política estratégica para mantener la banca pública en manos del Estado, culmina ahora con la absorción definitiva de los remanentes por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas.
La génesis: un banco al borde del abismo
Para entender la magnitud de este cierre, es necesario remontarse al escenario de finales de los años ’90. Mientras otras provincias optaban por privatizar sus bancos públicos ante la asfixia financiera, La Pampa, bajo la gobernación de Rubén Marín y la gestión económica de Ernesto Franco, tomó un camino diferente: el rescate estatal.
La “cartera sucia” no se generó de un día para el otro. Fue el resultado de una acumulación de créditos otorgados a frigoríficos, cooperativas y empresas locales que, golpeados por la apertura de importaciones y las altas tasas de interés del “uno a uno”, dejaron de pagar. El banco, que había funcionado como motor de desarrollo, quedó técnicamente quebrado.
La solución fue quirúrgica: separar los activos tóxicos (la deuda incobrable) del balance del banco y transferirlos a un fideicomiso administrado por la Provincia. Esto permitió que el BLP continuara operando saneado, mientras el Estado asumía la tarea de intentar cobrar lo incobrable.
El “secreto” mejor guardado de la política pampeana
Uno de los puntos que genera mayor controversia en este cierre definitivo es la decisión de mantener la confidencialidad sobre los balances finales al 31 de julio de 2025. El decreto estipula el secreto amparándose en la protección de datos personales y la existencia de litigios aún vigentes, pero esta reserva reaviva un viejo debate nunca saldado en la sociedad pampeana: ¿Quiénes fueron los verdaderos beneficiarios del rescate?
Aunque nunca existió una cifra oficial consolidada en un único documento, las estimaciones de la época y los debates legislativos arrojaban números impactantes. Se habló de un “agujero” que oscilaba entre los 60 y 80 millones de dólares (a valor de la convertibilidad), e incluso fuentes extraoficiales llegaron a mencionar hasta 120 millones de dólares en el momento más crítico.
La radiografía de esa deuda también es reveladora. Si bien el universo de deudores alcanzaba entre 2.000 y 3.000 legajos, el grueso del dinero se concentraba en un núcleo reducido de entre 30 y 50 grandes empresas y productores. La falta de transparencia sobre estos nombres alimentó durante años la sospecha de que, detrás del salvataje al banco, hubo también un rescate indirecto a sectores con fuertes vínculos con el poder político de turno.
Lo que viene: liquidación sin condonación
Desde el Gobierno provincial se han apresurado a aclarar que la extinción del fideicomiso no implica una condonación de deudas. Los activos y los juicios pendientes no desaparecen, sino que cambian de titularidad: pasan a manos de la Provincia de La Pampa.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas, junto con el Ministerio de la Producción, serán los encargados de llevar adelante la liquidación final. Sin embargo, la realidad es que el margen de recupero es mínimo. Tras dos décadas de gestiones judiciales, quiebras y concursos, lo que no se cobró hasta hoy difícilmente ingrese a las arcas provinciales mañana.
El costo de este saneamiento, que garantizó que hoy La Pampa ostente con orgullo un banco público solvente y eficiente, fue absorbido silenciosamente por el Estado a lo largo de los años. Con este decreto, se baja el telón de una obra que tuvo rescates millonarios, deudores incógnitos y una factura que, en última instancia, pagaron todos los pampeanos.
