La medida fue dictada por la jueza federal Martina Forns en respuesta a un amparo presentado por uno de los gremios del sector. La magistrada argumentó que la Ley Bases no otorgó facultades para disolver un ente autárquico con más de 90 años de historia y advirtió sobre el riesgo de “desvinculaciones encubiertas”.
En una decisión de fuerte impacto para la administración del presidente Javier Milei, la Justicia Federal frenó en seco el cierre de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). La jueza Martina Forns, del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2, hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional (SEVINA) y suspendió por un plazo de seis meses los efectos del decreto que ordenaba la disolución del organismo.
La resolución judicial pone en pausa el decreto 461/2025, a través del cual el Gobierno Nacional buscaba transferir las funciones de Vialidad al Ministerio de Economía y a la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte. El principal argumento de la jueza se centra en que la Ley Bases (Nº 27.742) no le otorgó al Poder Ejecutivo las facultades delegadas necesarias para eliminar un ente autárquico como la DNV, que fue creado por ley hace más de 93 años.
En el fallo, al que tuvo acceso el medio Ámbito, la magistrada advierte sobre el peligro que representaba la aplicación inmediata del decreto. Sostiene que la medida podría generar “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en una institución de carácter técnico que necesita autonomía para cumplir su rol estratégico. Para Forns, se configuraba un “riesgo cierto de un daño inminente e irreparable”, lo que justificó la concesión de la cautelar.
La jueza también puso el foco en la vulneración de los derechos de los trabajadores. Destacó que el decreto condicionaba la estabilidad del personal a futuras decisiones administrativas, contraviniendo los convenios colectivos de trabajo vigentes. “Toda disposición administrativa que altere o desnaturalice tal garantía convencional que rige esta actividad, constituye una afectación directa al principio de irrenunciabilidad de derechos”, señaló la resolución, calificando dicha alteración como “nula de nulidad absoluta”.
Este freno judicial representa un alivio para los más de 5.500 trabajadores que Vialidad Nacional tiene distribuidos en todo el país, incluyendo su delegación en la provincia de La Pampa, cuya tarea es fundamental para el mantenimiento de las rutas nacionales que atraviesan nuestro territorio.
Un organismo clave para la conectividad del país
Fundada en 1932, la Dirección Nacional de Vialidad es el organismo técnico encargado de construir, conservar y administrar la red vial nacional, que abarca más de 40.000 kilómetros. Con equipos propios y oficinas en todas las provincias argentinas, la DNV es responsable de la ejecución de obras estratégicas y el mantenimiento de rutas y caminos, una tarea vital para la economía y la conectividad de regiones como la nuestra.
